El Cabildo de La Palma gastó 27,7 millones de euros en 2024 pese a haber objeciones por parte del interventor de la institución. Es una de las deficiencias que ha encontrado la Audiencia de Cuentas de Canarias en su informe de fiscalización de las cuentas insulares, que también señala una especialmente baja ejecución de las inversiones, una prolongada falta del….
En general, el informe concluye que los estados financieros del Cabildo de La Palma son conformes con el marco de información financiera, pero sí que refleja una serie de salvedades a las cuentas. También identifica excepciones al cumplimiento de las normas legales y de procedimiento dentro del ámbito examinado.
Acuerdos de gasto contra los reparos de Intervención
Uno de los aspectos que ha detectado la audiencia es que ese año hubo 832 acuerdos de gasto adoptados por el Cabildo de La Palma y sus entidades dependientes en contra de los reparos formulados por Intervención, por un importe conjunto de 27.714.960 euros. Según el informe, todos los reparos obedecían a la omisión de requisitos o trámites esenciales en los expedientes. En todos los casos comunicados, la discrepancia con el criterio del interventor fue resuelta por el presidente de la entidad local.
El Cabildo concentra la mayor parte: 754 acuerdos por 21,43 millones de euros. Le siguen el Consejo Insular de Aguas, con 71 acuerdos por 6,12 millones, y el Consorcio de Servicios de La Palma, con siete acuerdos por 164.542 euros.
La contratación concentra el 93,9% del importe objetado
La contratación constituye el principal foco de las objeciones, con 799 acuerdos por 26,02 millones de euros, el 93,9 % del importe total. Dentro de este apartado, los contratos de servicios suman 11,14 millones; los de obras, 9,97 millones; los de suministro, 4,79 millones, y los contratos privados, 118.434 euros.
El resto corresponde a tres acuerdos sobre subvenciones por 1,48 millones de euros, 29 relativos a encargos a medios propios por 208.598 euros y uno de personal por 801 euros.
Posibles infracciones y baja ejecución inversora
El informe también señala que, en 58 expedientes del Consejo Insular de Aguas, Intervención apreció hechos que pudieran constituir una infracción administrativa, aunque sin dar lugar a la exigencia de responsabilidades penales o contables. Estos hechos fueron puestos en conocimiento del órgano competente.
La ejecución de las inversiones constituye otro de los principales señalamientos del informe. Los créditos iniciales para inversiones reales, de 26,5 millones de euros, aumentaron en 71 millones mediante modificaciones presupuestarias. Pese a contar con más dinero su uso fue escaso, ya que la ejecución quedó en algo más de 38 millones, el 39,1 % del crédito definitivo. La Audiencia considera que estos datos muestran una escasa eficacia de la actividad inversora y de su planificación presupuestaria, pese a los desafíos de infraestructura, demografía, vivienda y empleo que afronta la isla.
Recomendaciones pendientes sobre inversiones y contratos menores
La ejecución del conjunto del presupuesto de gastos fue del 70,8%, frente al 73% de 2023. Además, el órgano fiscalizador considera que no se ha aplicado la recomendación anterior de mejorar la programación de las inversiones y presupuestar las obligaciones que se prevea reconocer en cada ejercicio.
Respecto a la contratación, hay un importante peso de los contratos menores, que representaron el 89,1% del total y el 15,9% del importe. La Audiencia insiste en limitar su uso a necesidades puntuales y esporádicas y considera que tampoco se ha aplicado la recomendación formulada anteriormente para reducir su uso. Según el informe, esta situación está dando lugar a un importante número de reparos por fraccionamiento.
Incidencias en los contratos y en el control interno
La revisión también detectó tres contratos registrados como menores, de servicios y suministro, con importes de adjudicación superiores a 15.000 euros, el límite señalado para esas modalidades. Asimismo, faltaba remitir seis extractos de expedientes que superaban los umbrales exigibles y otros cuatro contratos no figuraban en la relación anual remitida.
En materia de control interno, el informe señala que el puesto de titular de Intervención se cubre mediante nombramiento accidental desde 2012. También recoge la falta de determinadas actuaciones de control posterior y la ausencia de un plan de acción formalizado por la Presidencia para subsanar las deficiencias detectadas por el órgano interventor.
Auditorías sin concluir y omisiones contables
Las auditorías de cuentas de cinco entidades dependientes incluidas en el Plan Anual de Control Financiero de 2024 no habían concluido cuando se emitió el informe resumen anual de control interno, el 7 de abril de 2025. La Audiencia recomienda establecer mecanismos para disponer de esas auditorías antes de aprobar las respectivas cuentas anuales.
La documentación contable presenta, además, omisiones e incoherencias. Entre ellas, el informe identifica 12 cuentas bancarias del Cabildo que no constaban en el estado de tesorería, la falta de determinados certificados bancarios y una conciliación bancaria incompleta. También señala diferencias entre documentos en el seguimiento de gastos con financiación afectada, cuyos cálculos se realizaban manualmente.
Descuadres en entidades dependientes y mayor endeudamiento
En las entidades dependientes, destacan la falta de remisión de la memoria de las cuentas anuales de la Sociedad de Promoción y Desarrollo Económico y diversas incidencias en las cuentas de la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma. En esta última, el total del activo no coincidía con el total del patrimonio neto y pasivo del balance.
El resultado presupuestario del Cabildo fue positivo en 13,3 millones de euros y el ajustado alcanzó los 17,5 millones. No obstante, el indicador de endeudamiento por habitante pasó de 958 a 1.686 euros, como consecuencia del aumento de las deudas a largo plazo y de otras cuentas a pagar a corto plazo. El informe también recoge la emisión de un informe de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria o de la regla de gasto.
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