El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes un nuevo decreto-ley de medidas complementarias para La Palma que introduce cambios en materia de vivienda, urbanismo y agricultura para continuar con la reconstrucción de la isla tras la erupción volcánica de 2021.
Una de las principales novedades es la posibilidad de trasladar a las familias que todavía residen en casas contenedor o de madera a viviendas convencionales promovidas por el Gobierno autonómico, el Cabildo o los ayuntamientos.
En este sentido deberán mantener los requisitos que motivaron su realojo y la ocupación seguirá siendo temporal hasta que se produzca la adjudicación definitiva. La norma modifica cuatro disposiciones legales aprobadas después de la erupción.
Compensaciones y reconstrucción
El decreto-ley también contempla "compensaciones económicas complementarias" para los propietarios cuyos terrenos queden incluidos en la futura ampliación del Parque Natural de Cumbre Vieja, y que debido a esta protección "no puedan reconstruir en sus parcelas originales".
Estas personas podrán reubicar sus construcciones y actividades "en otros terrenos de La Palma, tanto dentro como fuera de la colada". Añade además que el régimen especial previsto para estos casos "se amplía hasta el 31 de diciembre de 2030". Por otro lado, la nueva regulación también facilita "la reubicación de inmuebles industriales, comerciales y turísticos destruidos por el volcán, así como la segregación de parcelas rústicas cuando las viviendas ya estén construidas".
Explotaciones agrícolas
En el ámbito agrícola, el decreto-ley facilita que los agricultores cuyas explotaciones quedaron sepultadas por la lava puedan trasladar su actividad a otros terrenos de La Palma. Además, permite que las explotaciones plataneras afectadas por la erupción sean adquiridas por otros productores, que podrán "asumir los derechos y obligaciones de los antiguos propietarios, incluidas las ayudas del programa Posei".
En estos casos, quienes adquieran las explotaciones "tendrán un plazo máximo de dos años para volver a ponerlas en funcionamiento y deberán mantener la producción durante al menos cinco años". La norma también permite "modificar la delimitación de las zonas destinadas a la reconstrucción y a la actividad agrícola según evolucionen las condiciones de los terrenos afectados por la lava" teniendo en cuenta los informes del Cabildo.
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