El Gobierno de Canarias ha iniciado el procedimiento de emergencia para instalar baterías de almacenamiento energético en La Palma, con el objetivo de reforzar la seguridad del suministro eléctrico y reducir el riesgo de nuevos apagones. La actuación llega después del cero energético registrado el pasado 2 de noviembre, que dejó sin electricidad a los 50.508 puntos de suministro de la isla.
Según ha informado la Consejería de Transición Ecológica y Energía en un comunicado, ya se han enviado invitaciones a empresas del sector para presentar sus propuestas. El Ejecutivo autonómico prevé adjudicar el proyecto en el plazo de un mes, aunque las baterías no entrarían en funcionamiento hasta 2027.
El sistema contará con una potencia mínima de 16 megavatios (MW) y una capacidad de almacenamiento de al menos dos horas. Se contemplan dos configuraciones posibles, que son "cuatro módulos independientes de 4 MW o dos de 8 MW". Explican que las baterías permitirán "aportar energía de forma automática ante incidencias en los grupos de generación y facilitar una recuperación más rápida del suministro en caso de interrupciones".
Solución reclamada desde 2024
Según la Consejería, Canarias llevaba reclamando esta solución desde 2024 aunque el Estado "no autorizó su utilización como medida de emergencia hasta el pasado 30 de junio". En este sentido, han defendido el trabajado "de los últimos cuatro meses para resolver la financiación, definir las condiciones técnicas y establecer el procedimiento de contratación".
El principal problema eléctrico de La Palma, según el Ejecutivo, es la "dependencia de grupos de generación antiguos concentrados en la central de Los Guinchos". No obstante, insisten en que las baterías "no sustituyen las inversiones pendientes en generación y redes eléctricas".
Renovación de Los Guinchos
Entre las actuaciones necesarias citan "la renovación de los grupos de Los Guinchos, la nueva subestación de Las Breñas y la segunda línea de transporte hacia el Valle de Aridane".
Asimismo, han recalcado la necesidad de que el Estado "impulse un nuevo concurso de generación convencional para cubrir 64 MW de nueva potencia, frente a los 52 MW planteados inicialmente por el Ministerio, después de que el primer procedimiento no lograra resolver las necesidades de la isla".
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