Una trabajadora social de La Palma ha decidido acudir al Diputado del Común junto a una vecina al entender que el proceso de adjudicación de las viviendas de Finca Amado, gestionadas por Visocan, no está siendo transparente ni justo con las familias que las solicitan. 

En su queja, a la que ha tenido acceso Atlántico Hoy, relata cómo una vecina palmera, pese a cumplir inicialmente los requisitos para optar a una vivienda protegida en régimen de alquiler asequible, terminó siendo excluida sin recibir una explicación clara ni acceso al documento oficial que regula el procedimiento.

De la esperanza a la queja formal

La denunciante explica que esta vecina (ambas prefieren mantener el anonimato), tras un proceso complicado de separación y con una hija menor a su cargo, se vio obligada a abandonar el domicilio familiar y a buscar una alternativa habitacional en un mercado de alquiler disparado por la pérdida de viviendas tras la erupción volcánica en La Palma. 

Comenta en la denuncia que, con un salario de algo más de mil euros y sin red familiar de apoyo, fue informada en 2025 de la posibilidad de acceder a viviendas protegidas y, en concreto, a la promoción de Finca Amado, en Breña Baja, prevista para adjudicarse en el primer semestre de 2026.

Expectativa frustrada

La demandante de vivienda expone que desde Visocan se le indicó que la inscripción favorable en el Registro de Demandantes de Viviendas Protegidas y su situación socioeconómica eran condición necesaria y suficiente para optar a una de estas casas, requisito que afirma haber cumplido. 

De hecho, añade, llegó a recibir una llamada en abril instándole a remitir documentación “urgente” ante la inminencia de las adjudicaciones, lo que reforzó la expectativa de que su solicitud iba por buen camino.

Instrucciones contradictorias 

Pocos días después, la misma entidad le comunicó por teléfono que “ya no cumplía los requisitos económicos para acceder a la vivienda”, sin detallar cuáles eran esos criterios ni en qué había cambiado su situación. 

Esa contradicción la llevó a pedir formalmente el documento donde se recogen las bases de asignación de las viviendas, pero, según sostiene, la técnica responsable le respondió que no disponía de él y la remitió a buscar por su cuenta en boletines oficiales.

"Nadie me está respondiendo"

En la conversación telefónica mantenida con este medio, la trabajadora social insiste en que no se trata solo del caso de esta vecina, sino de la necesidad de que el proceso sea público, comprensible y accesible para cualquiera que lo solicite. 

Señala que ha pedido información al área jurídica, a responsables de Visocan y a distintas administraciones, sin lograr una respuesta clara. “Nadie me está respondiendo”, resume, tras relatar que existen más quejas similares. 

Situación de extrema vulnerabilidad 

En su escrito al Diputado del Común, la denunciante detalla una situación vital marcada por la vulnerabilidad y conflictos graves en el domicilio familiar, comportamientos violentos, problemas de salubridad y ausencia total de apoyo familiar. 

Explica que su hija depende exclusivamente de ella y que el entorno actual supone un riesgo para ambas, por lo que una vivienda de protección oficial no sería solo una ayuda económica, sino la única vía para garantizar estabilidad, seguridad y un techo digno.

Pide más claridad y sensibilidad

A pesar de contar con un contrato laboral indefinido desde 2022, la subida de los alquileres en la isla tras el volcán hace imposible, según expone, acceder a una vivienda en el mercado libre con su sueldo actual. 

Esa combinación de precariedad residencial y falta de alternativas refuerza, a su juicio, la necesidad de que los procedimientos de vivienda protegida se gestionen con la máxima claridad y sensibilidad social. 

Petición de paralizar el proceso 

En la queja presentada, la ciudadana denuncia una “obstrucción al derecho de información” y la ausencia de publicidad sobre los criterios de baremación y selección, lo que interpreta como una posible arbitrariedad en la gestión de una promoción de viviendas vinculada al Gobierno de Canarias. 

Considera que, al negarle por escrito las bases y la resolución motivada de su exclusión, "se están vulnerando los principios de publicidad, transparencia y objetividad que deben regir cualquier actuación administrativa". 

Qué motivó la exclusión

En la queja al Diputado del Común solicita que investigue el procedimiento de adjudicación de Finca Amado y que inste a Visocan a comunicar de forma fehaciente los motivos de su exclusión, detallando los criterios económicos y sociales aplicados. 

Además, pide la mediación para la paralización cautelar de las adjudicaciones, ante el riesgo de que se consoliden decisiones “viciadas de nulidad” si no se publican íntegramente las bases y baremos de puntuación, garantizando así que todas las personas interesadas puedan concurrir en igualdad de condiciones.

Piden un proceso claro 

Durante la entrevista, la trabajadora social subraya que no se trata de pedir un trato de favor, sino un procedimiento claro, con reglas accesibles y aplicadas por igual. 

Le preocupa, dice, que el mensaje que se traslada a una madre sola que intenta acceder a una vivienda asequible sea que, si paga el alquiler, “¿cómo va a dar de comer a sus hijos?”, una frase que afirma haber escuchado en este contexto. 

Adjudicación de viviendas

La empresa pública Visocan inició la pasada semana la entrega de las viviendas protegidas en régimen de alquiler de la promoción Finca Amado, en el municipio de Breña Baja (La Palma), con la firma de los primeros contratos con las familias adjudicatarias.

Con esta actuación entran en servicio 42 viviendas destinadas al alquiler a precios asequibles, en una isla marcada por una fuerte presión residencial. El proyecto ha permitido recuperar y rehabilitar un antiguo complejo turístico que llevaba años en desuso, con una inversión próxima al millón de euros.