El grupo ecologista La Centinela ha considerado que Tijarafe se ha convertido en uno de los principales escenarios de aplicación de la Ley 14/2019, conocida como Ley de Islas Verdes, con la tramitación de más de 60 villas turísticas en suelo rústico del municipio, en su mayoría, según afirman, con piscina.

La tramitación de estos expedientes se encuentra en manos de la Comisión Ambiental del Cabildo, aunque el colectivo subraya que la demanda de licencias de este tipo sigue creciendo.

La Centinela ha advertido en un comunicado de que la mayor parte de los promotores son inversores extranjeros o empresas con sede fuera de La Palma, lo que provoca que los beneficios de la explotación turística no repercutan de forma significativa en la economía local.

Suelo, agua y vivienda

Al mismo tiempo, desde el colectivo sostienen que el auge de este modelo incrementa los precios del suelo, del agua y de la vivienda, generando malestar entre la población residente.

El grupo ecologista ha recordado que la normativa de 2002 que precedió a la actual ley planteaba un turismo vinculado a pequeñas explotaciones agrícolas en suelo rústico, con el objetivo de complementar la actividad agraria sin urbanizarlo.

“Sin embargo, los nuevos proyectos reproducen urbanizaciones con múltiples villas, viales, aparcamientos y piscinas en suelos protegidos”, afirma el comunicado de La Centinela, poniendo como ejemplo un proyecto en exposición pública que contempla 16 villas, una piscina comunitaria y 20 jacuzzis en suelo rústico de protección agraria.

La asociación concluye que el modelo amparado por la Ley de Islas Verdes se ha transformado en “un negocio ajeno, depredador de recursos”, que contribuye a la especulación y a la presión sobre la vivienda y los recursos naturales en La Palma.