Extranjeros residentes en La Palma afectados por el volcán Tajogaite denuncian sentirse discriminados y que se han vulnerado sus derechos ante las instituciones. Así lo aseguraron tanto el abogado José Luis Langa González como Beatriz Castro Rocha, representante de este colectivo, en una rueda de prensa.
Según Langa, tras cuatro años de la erupción, este grupo de personas ha sufrido "afectaciones en su integridad física, moral y material" debido a la "falta de información, tardía gestión de las indemnizaciones o ausencia inicial de traductores" lo que ha dejado a muchos extranjeros "desprotegidos y obligados a recurrir a abogados para que se reconozcan sus derechos".
Ambos reclamaron que se garanticen sus derechos, principalmente en los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, y que se reduzca la burocracia que obstaculiza el acceso a las ayudas.
Hasta un 20% de la población
El letrado señaló que estas personas "podrían representar hasta un 20 % de la población de la isla" enfrentando "inseguridad jurídica y que todos los afectados con titularidad de propiedad deberían recibir indemnizaciones sin discriminación".
Por su parte Castro explicó que "en los primeros meses de la erupción no hubo servicios de traducción" por lo que comenzó a realizar esta labor "de forma voluntaria convirtiéndose posteriormente en portavoz de los afectados". Muchos de ellos son jubilados de más de 70 años "que residen en la isla sin familiares que puedan asistirles, provenientes de países como Alemania, Suiza, República Checa, Bélgica e Irlanda", aseguraron.
Ley de Volcanes
Los siete grupos políticos del Parlamento de Canarias han logrado un consenso para aprobar la primera Ley de Volcanes de España, cuyo dictamen ha sido respaldado en comisión este 19 de septiembre, coincidiendo con el cuarto aniversario de la erupción del volcán de La Palma, el Tajogaite, que destruyó poblaciones y cultivos en el Valle de Aridane.
Esta Ley de Volcanes, surgida como iniciativa legislativa popular en La Palma tras la erupción y apoyada por más de 18.000 firmas, ha sido tramitada y enmendada por la Cámara, que la ratificará por unanimidad en el pleno de la próxima semana. Su objetivo es proporcionar a la comunidad autónoma una respuesta integral, ágil y coordinada, mejorando los procesos de recuperación ante futuras erupciones y garantizando los derechos y compensaciones de los afectados.