El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto ley con medidas fiscales y financieras urgentes para contribuir a la reconstrucción económica y social de La Palma. La norma será de aplicación inmediata tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El ministro Ángel Víctor Torres, que también tiene las competencias del Comisionado para la isla de La Palma, destaca que el paquete incluye varias actuaciones destinadas principalmente a aliviar las consecuencias que continúa soportando el sector primario por la erupción volcánica.
Rebaja fiscal
La primera medida contempla una reducción del 60% del IRPF para todos los residentes en La Palma. El beneficio fiscal comprende los ejercicios 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026, mientras que el artículo aprobado ahora aplica la deducción correspondiente al año en curso.
Torres explica que la medida tendrá efectos directos para la población palmera: “De manera inmediata podrá verse esta reducción en las nóminas de los hombres y mujeres residentes en la isla de La Palma”.
Fondos para el campo
El real decreto ley también habilita 100 millones de euros procedentes de los excesos de financiación o del superávit del Gobierno de Canarias de 2025. Estos recursos se destinarán de forma preferente a los agricultores y ganaderos de la isla.
Las ayudas permitirán compensar los kilogramos improductivos de los años 2024, 2025 y 2026 como consecuencia de los efectos de la erupción en las explotaciones. También financiarán la reconstrucción de fincas e infraestructuras agrarias, como cuartos de aperos, cuadras, redes de agua, empaquetados de plátanos, almacenes agrícolas y obras hidráulicas.
Sin regla de gasto
En caso de que los gastos vinculados a estas actuaciones superen los 100 millones, las cantidades restantes se imputarán sucesivamente a los superávits y, cuando corresponda, a los excesos de financiación disponibles, según lo previsto en la norma.
El ministro remarca además que estos fondos no tendrán efectos sobre el cumplimiento de la regla de gasto. La finalidad, señala, es disponer de los recursos necesarios “para seguir respondiendo a las demandas del sector primario”.
Moratoria crediticia
Otra de las medidas establece una nueva moratoria para los agricultores de los tres municipios afectados por la erupción: El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte. La medida beneficiará a quienes habían solicitado préstamos y todavía necesitan acogerse a este mecanismo.
Torres agradeció la colaboración del Ministerio de Economía y recordó que en anteriores reales decretos se había señalado que no habría más prórrogas. Sin embargo, defendió esta nueva ampliación porque “todavía quedan algunas pocas personas” pendientes y consideró que se trata de “una medida también justa con ellos”.
Protección a los autónomos
El real decreto ley modifica igualmente las condiciones de las prestaciones extraordinarias por cese de actividad de los autónomos. A partir de ahora, las subvenciones del POSEI no se contabilizarán para determinar los rendimientos netos computables, atendiendo así una petición expresa del sector primario.
Asimismo, para las actualizaciones de los trabajadores autónomos se tomarán como referencia los ingresos de 2020 y no los de 2019. Torres enmarcó estas decisiones en la necesidad de seguir ayudando al sector primario, que era el ámbito que permanecía fundamentalmente pendiente en la respuesta a las consecuencias de la erupción.
Pendiente del Congreso
Aunque la norma entrará en vigor tras su publicación en el BOE, deberá ser convalidada por el Congreso de los Diputados. El texto se tramitará junto con otras medidas planteadas por el Ministerio de Hacienda, entre ellas el uso del superávit por parte de distintas comunidades autónomas.
Torres pidió el respaldo de la Cámara al real decreto ley y subrayó la importancia de lograr un apoyo mayoritario para mantener las medidas de recuperación económica y social dirigidas a La Palma.
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