El Gobierno de Canarias realojará de forma provisional en viviendas públicas a las familias afectadas por la erupción del Tajogaite que siguen viviendo en casas contenedor o de madera en La Palma, cinco años después del inicio del volcán.
Lo hará gracias al decreto-ley que el Consejo de Gobierno aprobó este lunes, que establece un régimen transitorio para vaciar estas casas prefabricadas, según explican fuentes de la Viceconsejería de Recuperación Económica y Social de La Palma. Ese traslado no supone que se adjudiquen las viviendas a estas familias, sino que se trata de un paso intermedio.
El Ejecutivo, sin embargo, no dispone de una cifra exacta de cuántas familias siguen en esta situación. La asociación de afectados Tierra Bonita estima que podrían ser “entre 60 y 70” y denuncia que las administraciones no han dado información clara sobre la cifra real.
Sin cifras claras
Desde la Viceconsejería explican a Atlántico Hoy que ya se ha trasladado a varias familias y que se han retirado 49 contenedores y seis viviendas de madera. Esa cifra no equivale a 49 viviendas, puesto que, según precisan, una misma vivienda puede estar formada por dos contenedores.
Francisco Rodríguez Pulido, presidente de Tierra Bonita, asegura a Atlántico Hoy que la asociación tampoco maneja datos oficiales. “Lo que sabemos es a través de los comunicados o bien por las familias que viven en los contenedores”, explica.
A esas familias se suman las que residen en los módulos de madera, que según sus cálculos rondan la treintena. “Yo creo que entre 60 y 70 sí puede haber todavía”, afirma.
Rodríguez Pulido atribuye esta falta de datos a que el Consejo Sectorial para la Reconstrucción no se ha reunido formalmente, y asegura que la asociación ha enviado “multitud de escritos” para solicitar información sin obtener respuesta.
Un decreto “batiburrillo”
Para el presidente de Tierra Bonita, el nuevo decreto-ley es “un batiburrillo” de medidas, y lo que más le inquieta es que se vuelva a recurrir a fórmulas temporales para las familias de las casas prefabricadas. “Son soluciones provisionales”, lamenta.
Desde el Gobierno defienden que esa provisionalidad es precisamente el objetivo de la norma: un régimen transitorio que permite vaciar los contenedores y las casas de madera mientras las familias, según el propio Ejecutivo ya compensadas, encuentran una solución definitiva.
La asociación también ve con recelo la parte agraria, que regula la venta de fincas plataneras afectadas a otros productores. Según Rodríguez, “se ha abierto una línea especulativa”, ya que, a su juicio, hay compradores que “no precisamente son productores” y que han adquirido fincas en las coladas “a precios irrisorios”.
El decreto-ley todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), y Tierra Bonita espera a conocer el texto para fijar su posición.
Las viviendas de destino
El realojo depende de que haya viviendas disponibles. El proyecto más avanzado es un edificio de 53 viviendas en construcción en la entrada de Los Llanos de Aridane, que el Cabildo de La Palma compró por 10,3 millones de euros, financiados íntegramente por la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias.
Este edificio acogerá de forma provisional a las familias que todavía viven en las casas contenedor y de madera. Según la Viceconsejería, se espera que el Cabildo lo tenga operativo a finales de este año.
“Lo que más nos ha movido, no solo desde que llegamos al Gobierno, sino desde que estalló el volcán, era darle una solución digna a las personas que están en los contenedores y casas de madera”, aseguró la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, cuando se anunció la compra.
Según explica la Viceconsejería, a este edificio se suman otros dos en El Paso que se encuentran en construcción. Para adjudicar estas viviendas públicas se tendrá en cuenta un criterio social: la situación económica de las familias que las soliciten.
Añadir AtlánticoHoy como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.