La Guardia Civil ha intervenido en La Gomera más de 28 kilogramos de pescado y marisco que eran transportados de forma irregular en un vehículo de carga, en el marco de las actuaciones de control y vigilancia de la actividad pesquera que desarrolla el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA).

La actuación se enmarca en el Programa Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras (PACIAP) y fue posible tras diversas labores de investigación y vigilancia realizadas en colaboración con profesionales del sector pesquero y otras entidades vinculadas al sector primario, que habían alertado sobre posibles irregularidades en la comercialización de productos del mar.

Mercancía 

Como resultado del dispositivo establecido, los agentes interceptaron un vehículo destinado al transporte de productos pesqueros. Durante la inspección comprobaron que la mercancía transportada, compuesta por camarones, morenas, brecas y cabrillas, carecía de la documentación obligatoria que acreditara su procedencia legal.

Además, los agentes detectaron deficiencias en las condiciones de conservación de los productos, al no garantizarse adecuadamente la cadena de frío, un aspecto fundamental para asegurar la seguridad alimentaria de este tipo de mercancías.

No se pudo acreditar el origen 

Ante la imposibilidad de acreditar el origen legal de las capturas y el riesgo que su comercialización suponía para la salud pública, la Guardia Civil procedió a intervenir y destruir la totalidad de la mercancía, evitando así que entrara en la cadena de consumo.

Por estos hechos, los agentes han tramitado las correspondientes denuncias por presuntas infracciones administrativas. Según la Guardia Civil, algunas de ellas podrían ser calificadas como graves en virtud de la Ley de Pesca Marítima del Estado y del Real Decreto que regula la primera venta de los productos pesqueros, contemplando sanciones económicas que oscilan entre los 601 y los 60.000 euros.

Venta ilegal 

La Guardia Civil recordó que la compra y venta de productos pesqueros fuera de los canales legalmente establecidos supone un riesgo para la salud pública y dificulta la protección de los recursos marinos. Por ello, recomienda adquirir pescado y marisco únicamente en establecimientos autorizados que garanticen su trazabilidad y seguridad alimentaria.