Los niveles de dióxido de carbono y gas radón registrados en varias zonas afectadas por la erupción del volcán de La Palma mantienen la necesidad de vigilancia científica en Tajuya, Puerto Naos y La Bombilla, donde aún persisten riesgos para la salud. Así se expuso este pasado martes en el comité asesor del Pevolca, convocado a petición del Cabildo de La Palma para actualizar los trabajos realizados desde la erupción del Tajogaite en 2021.
La situación obliga a conservar las medidas de control y el nivel amarillo del semáforo volcánico en la isla. El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, explicó ante los medios de comunicación que este nivel permite que las decisiones "sigan apoyándose en criterios científicos" y defendió mantener "las medidas necesarias para avanzar hacia la normalidad sin comprometer la seguridad de la población".
Más equipos de medición
En el caso del radón, el Cabildo aseguró "la financiación de los estudios que desarrolla la Universidad de La Laguna" y prevé ampliar la instalación de equipos de medición. Explicaron que actualmente hay "105 detectores de trazas y 12 dispositivos de medición continua", de los que cuatro han registrado concentraciones "superiores a los 300 becquerelios por metro cúbico, el nivel de referencia fijado por la normativa".
El primer informe ya ha sido remitido al Consejo de Seguridad Nuclear, que deberá determinar las actuaciones necesarias. Además se estudian "medidas de mitigación en los puntos donde las concentraciones superan los valores recomendados" y las investigaciones apuntan a que "fallas situadas al norte y al sur de las coladas podrían estar relacionadas con la emisión de este gas radiactivo natural".
Mantener los controles
Sobre el dióxido de carbono, desde el Cabildo apuntaron que mantendrán los controles en Puerto Naos y La Bombilla y actuarán "ante cualquier incumplimiento de los protocolos establecidos para las viviendas autorizadas". El presidente insular defendió "el límite de 700 partes por millón adoptado por el Peinpal, por debajo de otros estándares más permisivos", y recordó que la prioridad seguirá siendo "la seguridad de las personas, también en los casos de viviendas ocupadas sin autorización o con sensores desconectados".
La directora del Instituto Geográfico Nacional, Carmen López, destacó el sistema de vigilancia de CO2 implantado junto a Involcan, "con 1.800 sensores instalados en viviendas y locales comerciales que transmiten datos en tiempo real cada cinco minutos". También señaló que el dióxido de carbono "actúa como vehículo de transporte del radón", por lo que las zonas con más CO2 "son también las más propensas a registrar niveles elevados de este gas".
No existen indicadores
López subrayó que las mediciones "deben prolongarse para caracterizar correctamente el fenómeno", ya que las series temporales "muestran variaciones diarias y estacionales". En cuanto al riesgo volcánico general reiteró que "no existe actualmente ningún indicador que apunte a una nueva erupción en Canarias a corto o medio plazo", aunque defendió mantener "las redes de vigilancia al tratarse de un territorio volcánicamente activo".