El Cabildo de La Palma ha aprobado este lunes, a propuesta de Coalición Canaria y con el respaldo unánime de todos los grupos políticos, una moción para instar al Gobierno de España a modificar la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP) con el fin de adaptarla a la gestión de catástrofes naturales como erupciones volcánicas.

La iniciativa plantea flexibilizar la aplicación de la tramitación de emergencia prevista en el artículo 120 de la norma, actualmente limitada a actuaciones de “inmediatez” con el objetivo de que pueda extenderse en el tiempo en casos como erupciones volcánicas, incendios o inundaciones, permitiendo dar continuidad a los procesos de recuperación y reconstrucción.

Limitaciones legales

El presidente insular, Sergio Rodríguez, encargado de defender la propuesta, ha asegurado que la experiencia tras la erupción del volcán Tajogaite, en septiembre de 2021, evidenció las limitaciones del marco legal vigente, que “se ha convertido en una cadena de la Ley” y complica la reconstrucción a largo plazo.

Según Rodríguez, “esta rigidez expone a los técnicos y empleados públicos a posibles responsabilidades al tener que actuar más allá del mes de plazo que establece la normativa”.

La palma continúa en situación de emergencia

El texto aprobado defiende que la reforma se justifica en principios como la seguridad jurídica, la eficiencia en el gasto público, la proporcionalidad y la armonización con el Derecho de la Unión Europea, que contempla un concepto más amplio de la urgencia.

El presidente insular ha recordado que, aunque La Palma continúa en situación de emergencia decretada oficialmente, “cada vez se hace más complicada la justificación técnica por el choque frontal con la literalidad de la Ley”.

En este sentido, ha insistido en que la petición no responde solo a las necesidades de la isla, sino que también es aplicable a otros territorios que han sufrido episodios como la DANA o grandes incendios, donde la normativa actual dificulta una respuesta ágil y sostenida en el tiempo.