El Consejo Insular de Aguas de La Palma (CIALP) se enfrenta a un requerimiento de la asociación Agua para La Palma, que ha solicitado la anulación de la compra de dos pozos abandonados en la zona de La Herradura, al considerar que el procedimiento presenta posibles irregularidades.
La operación, ya autorizada, contempla la adquisición de los pozos Herradura I y II por 1,2 millones de euros, a los que se sumaría una inversión adicional de más de 3,2 millones para su puesta en funcionamiento .
Cuestionamiento del objeto de la compra
El colectivo sostiene que en el expediente no queda acreditado que se haya adquirido el recurso hídrico, sino únicamente los terrenos y sus servidumbres. Según señala, no consta de forma expresa si el agua forma parte de la operación ni la base jurídica que lo justificaría .
Asimismo, apunta a la falta de detalle en el Registro de la Propiedad sobre elementos clave de la infraestructura, como las características técnicas de los pozos, instalaciones o sistemas asociados.
Críticas al procedimiento
Entre las alegaciones, la asociación cuestiona que el CIALP optara por una compraventa directa sin justificar esta vía ni dar publicidad al proceso, además de no verificar, según su versión, la capacidad y solvencia del vendedor .
También pone el foco en el incremento del precio desde una valoración inicial de 1,1 millones hasta los 1,2 millones finales, un aumento cercano al 9 % que, según indica, no habría ido acompañado de una nueva autorización de gasto .
Reparos en la fiscalización
El escrito presentado ante el CIALP recoge además que el interventor delegado formuló un reparo al expediente, al no contar con la documentación necesaria para fiscalizar el gasto, si bien este fue posteriormente levantado .
La asociación considera que esta circunstancia limita las garantías sobre el control económico de la operación.
Dudas sobre la viabilidad
El colectivo cuestiona igualmente la viabilidad de los pozos, al asegurar que no existen ensayos que acrediten el caudal disponible ni la calidad del agua, y recuerda informes previos que desaconsejaban su adquisición por problemas como la salinización .
En este contexto, Agua para La Palma no descarta acudir a la vía judicial si el organismo insular mantiene la compra sin revisar el expediente.