“La ley es para todos y ahora nos toca a nosotros”, comenta Aaron Rodríguez, surfista y residente de La Bombilla, en la isla de La Palma, a colación del archivo de la causa penal contra varios vecinos de la zona por acceder a sus viviendas.

En concreto, el Juzgado Número 1 de Los Llanos de Aridane ha decidido archivar la causa penal contra varios habitantes de La Bombilla, quienes fueron denunciados por desobedecer la prohibición de acceder a sus viviendas durante las restricciones tras la erupción volcánica de 2021. 

No existía orden judicial

La jueza concluyó que no había pruebas suficientes para continuar el procedimiento y, además, la parte denunciante había retirado la denuncia. 

El abogado de los afectados, Carlos Lugos, argumenta que los residentes regresaron a sus hogares por necesidad y bajo su propia responsabilidad, ya que no existía una orden judicial que justificara el desalojo. 

Pendiente de las otras multas 

Aunque se han liberado de la causa penal, aún enfrentan multas administrativas que superan los 30.000 euros en total. Lugo ha solicitado al Gobierno del Estado la condonación de estas multas, alegando que los vecinos actuaron sin conocimiento de infracción debido al trauma vivido por la erupción.

Tal y como explica el profesor de surf, a Atlántico Hoy, aún están a la espera de que se pronuncien desde la administración y reconozcan que los Derechos Fundamentales están muy por encima de los decretos con los que les han penalizado, “nos han enviado casi a diario a la policía para que nos multara, cuando no era por una cosa era por otra”.

Coacciones

“Yo tenía a la policía todos los días en la puerta de mi casa buscando cualquier cosa para multarme”, comenta Rodríguez, argumentando que en su casa han buscado hasta droga y que ha sido sancionado por tener el DNI pasada su caducidad en dos semanas y por tener la ITV de su coche fuera de plazo en una semana y con cita previa para acudir a la revisión. 

Además, explica que esto no solo le ocurría a él sino a todas las personas que habían decidido volver a sus viviendas, autoprotegiéndose. Achaca el joven todas estas actuaciones de sanción administrativa a una "persecución desde la Delegación de Gobierno y desde el Cabildo, tanto cuando el gobierno insular lo ostentaba Mariano Zapata como después, bajo la responsabilidad de Sergio Rodríguez".

Sienten alivio

Al respecto, el vecino de La Bombilla reconoce que es “un auténtico alivio” que hayan archivado esta causa penal por la que se les pedía una pena de cárcel de 3 a 6 años y multas de 60.000 a 600.000 euros.

“Al darnos la razón la jueza, ahora deberían devolvernos el dinero que hemos tenido que pagar todos los residentes por las multas administrativas, pero seguimos sin respuestas”, manifiesta, subrayando que él es autónomo y el pasado verano se vió "sin un céntimo" y sin poder garantizar los alimentos de su hijo porque le embargaron su cuenta dejándola a cero.

Vivir en un infierno

Explica el vecino de esta zona palmera que el día a día desde la erupción del volcán hasta la fecha ha sido como vivir en un auténtico infierno. “Me quedé sin trabajo por el volcán, sin una casa a la que poder acudir y sin ingresos, porque todo me lo quitaban de la cuenta para cobrar las multas”.

“¿Te imaginas lo que supone vivir un día sí y otro también con este tormento de la denuncia, sabiendo que no habías hecho nada?, pregunta. Explica el surfista que los vecinos han sido denunciados por incurrir en desobediencia, “y la desobediencia es que no quisimos abandonar nuestras casas”.

Daños y perjuicios

“Vamos a pedir daños y perjuicios”, arguye. “Soy autónomo. Tengo la única escuela de surf que existe aquí y no puedo trabajar. No he podido firmar contratos ni con empresas ni con turistas ni con cruceros por las denuncias que pesan sobre mi”, razona.

“Me bloquean el trabajo, el poco dinero que me permite llevar el pan a mi casa y han atacado mi honor”, manifiesta y reseña que el tiempo les ha dado la razón y se ha demostrado que no existía el peligro con el que les amenazaban. “La ley es para todos y ahora nos toca a los vecinos pedir que se rindan cuentas”.