Casi la mitad de las 26 estaciones de servicio existentes en San Cristóbal de La Laguna presentan problemas de compatibilidad con las viviendas por las exigencias urbanísticas de adosamiento y las molestias a residentes. Así lo recoge la documentación ambiental de la modificación menor del Plan General de Ordenación (PGO) con la que el Ayuntamiento pretende actualizar la regulación de estas instalaciones en áreas residenciales, una iniciativa que ha obtenido el visto bueno ambiental condicionado de la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife (CEAT).
El acuerdo ambiental concluye que la modificación no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se incorporen las medidas previstas en la documentación y se cumplan las condiciones adicionales establecidas por el órgano evaluador. Este pronunciamiento permite continuar la tramitación sin someter el instrumento a una evaluación ambiental estratégica ordinaria, pero no supone su aprobación urbanística definitiva.
Problemas con la mitad de gasolineras
El diagnóstico que justifica la reforma apunta a contradicciones en las normas del PGO de 2004, desajustes con la legislación sectorial posterior y dificultades de integración de las estaciones de servicio en el entorno residencial. El expediente señala que "prácticamente la mitad" de las instalaciones existentes presentan problemas, aunque esa referencia no identifica individualmente las gasolineras afectadas ni detalla las molestias registradas en cada caso.
En sus explicaciones sobre el expediente, el Ayuntamiento matiza que esa referencia a los problemas de compatibilidad no significa que 26 gasolineras sean incompatibles con las viviendas ni que las instalaciones presenten necesariamente riesgos medioambientales, sanitarios o de seguridad. Según el Consistorio, el documento ambiental alude a las 26 estaciones existentes en el municipio, mientras que los desajustes urbanísticos descritos se refieren a las condiciones de edificación establecidas por el planeamiento y a su relación con las viviendas colindantes.
Desajustes con el planeamiento de 2004
El Ayuntamiento explica que el actual PGO, aprobado en 2004 como adaptación de un documento anterior, permitió la implantación de estaciones de servicio en parcelas específicamente calificadas para ese uso y también contempló su compatibilidad con otros usos, entre ellos el comercial. Posteriormente, la legislación estatal amplió las posibilidades de implantación de instalaciones de suministro de carburantes, lo que redujo el margen municipal para limitar su ubicación exclusivamente mediante la planificación urbanística.
Según el borrador, de las 26 estaciones existentes, 17 tienen el uso de estación de servicio y surtidores de combustible como característico en sus respectivas zonas de edificación, mientras que las nueve restantes se sitúan en ámbitos donde ese uso es compatible con el principal.
Dentro del primer grupo, cuatro estaciones están calificadas en zonas de edificación cerrada y 13 en zonas de edificación abierta. El Ayuntamiento señala que solo cuatro de las 17 se ajustan a las condiciones edificatorias establecidas por el PGO de 2004, mientras que las otras 13 se encuentran en situación legal de consolidación, algunas incluso afectadas por actuaciones públicas previstas en el planeamiento.
Cuatro parcelas
El Consistorio pone el foco especialmente en las cuatro parcelas calificadas para edificación cerrada. Según su explicación, esa clasificación se asignó por su proximidad a manzanas residenciales de edificación cerrada, pero no porque las instalaciones existentes respondieran realmente a esa tipología. La obligación de construir adosándose a los linderos podría favorecer, por ejemplo, que túneles de lavado o recintos de aspirado quedaran pegados a las viviendas colindantes si se acometieran determinadas reformas o reconstrucciones.
La modificación propone cambiar la tipología edificatoria de esas cuatro parcelas, pasando de edificación cerrada a abierta, para permitir una mejor separación de las instalaciones respecto a las viviendas y facilitar la incorporación de espacios ajardinados.
Más distancia a las viviendas y control del tráfico
Entre las medidas planteadas figura establecer una separación mínima de tres metros respecto a cualquier lindero para las instalaciones de edificación abierta. Esa franja deberá permanecer ajardinada. El acuerdo ambiental refuerza esta previsión al exigir pantallas vegetales densas, formadas por árboles o arbustos perennes, en las zonas de contacto con parcelas residenciales, con el objetivo de mitigar el ruido y contribuir a retener emisiones difusas y partículas.
La CEAT también establece que las superficies destinadas a la descarga y al suministro de carburantes sean impermeables y estancas, de acuerdo con las exigencias de protección frente a posibles vertidos.
La propuesta mantiene la obligación de presentar un estudio de tráfico, pero elimina la exigencia de tramitar un Estudio de Detalle. El análisis deberá evaluar la repercusión de la instalación sobre el viario próximo y comprobar que el flujo de vehículos y las maniobras de los camiones cisterna no comprometan la seguridad peatonal ni la circulación.
A estas medidas se suman otras que el Ayuntamiento detalla en su respuesta: ampliar hasta ocho metros la sección exigida para las vías de acceso y salida, prohibir que los accesos se realicen a través de espacios libres o vías peatonales, limitar la implantación de otros usos en las plantas superiores y eliminar la compatibilidad de las estaciones de servicio en determinadas tipologías edificatorias.
En los casos en que se permita instalar una gasolinera como uso compatible con el comercial, la modificación pretende garantizar que la actividad comercial tenga prioridad sobre el suministro de carburantes.
El objetivo municipal, según explica el propio Ayuntamiento, es aprovechar las competencias urbanísticas para ordenar mejor estas instalaciones y reducir los conflictos de convivencia con los residentes, dentro de los límites que establece la legislación estatal.
El visto bueno ambiental no implica incumplimientos de seguridad
El Consistorio insiste en que los problemas identificados deben distinguirse de los controles técnicos y de seguridad industrial que corresponden a las administraciones competentes. Como ejemplo, señala que una estación de servicio puede cumplir las exigencias técnicas aplicables y, al mismo tiempo, estar mal integrada urbanísticamente por la ubicación de un túnel de lavado junto a una medianera residencial o por unas condiciones de acceso poco adecuadas.
La regulación sectorial estatal contempla requisitos específicos para las instalaciones de suministro de carburantes, entre ellos los relativos al almacenamiento, la ubicación de los surtidores, la detección de fugas, la protección contra incendios y las maniobras de los camiones cisterna. La modificación del PGO se centra, según el Ayuntamiento, en las condiciones urbanísticas de implantación y en la convivencia con los usos residenciales, sin sustituir esas exigencias técnicas.
Por su parte, la evaluación ambiental considera que la alternativa seleccionada incorpora medidas destinadas a reducir las molestias y mejorar la integración de las gasolineras en el tejido urbano. Su conclusión favorable queda condicionada a que las determinaciones ambientales se incorporen al documento normativo definitivo.
El acuerdo no ordena el cierre ni el traslado de las estaciones existentes, ni establece un calendario general para que todas ellas se adapten a las nuevas condiciones. El alcance concreto de las medidas sobre las instalaciones que ya funcionan deberá determinarse en la regulación finalmente aprobada y en su aplicación a cada caso.
Información pública antes de la aprobación inicial
La modificación todavía debe avanzar en su tramitación urbanística. Según explica el Ayuntamiento, el siguiente paso será elaborar el documento definitivo de la propuesta para someterlo a información pública, de manera que la ciudadanía y las distintas administraciones puedan presentar alegaciones e informes.
Con esas aportaciones se preparará el documento que se elevará a aprobación inicial. El Consistorio no establece un calendario para completar el procedimiento, ya que dependerá del número de alegaciones que se presenten, del tiempo necesario para responderlas y de la recepción de los informes supramunicipales y sectoriales.
La reforma se plantea mientras se trabaja también en la elaboración de un nuevo Plan General, un proceso que, según la previsión municipal recogida en su respuesta, se prolongará durante más de cuatro años. La modificación menor pretende abordar antes algunos de los problemas detectados en la regulación actual, sin esperar a la aprobación del futuro planeamiento general.
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