Diego y su hija de seis años fueron trasladados este martes 10 de noviembre a una pensión que el Ayuntamiento de La Laguna considera "más adecuada" para ambos. El Consistorio ha confirmado a Atlántico Hoy que la concejala de Bienestar Social, María Cruz, y la directora técnica del área estuvieron con Diego y mantienen el contacto con él e Inma Évora, coordinadora de la PAH de Tenerife.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca Tenerife había informado de que padre e hija seguirían en el programa de alojamiento y serían reubicados en un recurso familiar. Según la organización, el cambio se acordó después de las gestiones realizadas durante la mañana y de que el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, trasladara el caso a Bienestar Social. El Ayuntamiento confirma que hubo traslado, aunque describe el alojamiento como una pensión más idónea para la familia.
La plataforma había señalado que la falta de comunicación entre los recursos alojativos y los servicios sociales puede generar incertidumbre y angustia en personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. También valoró que Diego hubiera podido ser escuchado y reclamó que los cambios de alojamiento se comuniquen con claridad y se coordinen adecuadamente.
El desahucio se ejecutó en mayo
Diego y su hija fueron desalojados el 20 de mayo de 2026 de una vivienda de protección oficial en La Cuesta. El lanzamiento estaba previsto inicialmente para las 9:30 horas, pero se retrasó mientras la comitiva judicial examinaba documentación presentada para intentar paralizarlo. Finalmente, el desahucio se ejecutó.
La ejecución hipotecaria no estaba dirigida contra Diego, sino contra sus padres, que eran los propietarios de la vivienda. El procedimiento se había iniciado por una deuda hipotecaria y, según explicó entonces el Ayuntamiento a Atlántico Hoy, el inmueble ya tenía un nuevo propietario. Diego se había empadronado en la casa en enero de 2026, cuando el desalojo estaba pendiente.
Antes del lanzamiento, el Ayuntamiento remitió al juzgado un informe sobre la falta de una alternativa habitacional, según sostuvo el Consistorio. Durante el desahucio, sin embargo, la comisión judicial señaló que no disponía de ese informe para detener el procedimiento. RTVC informó entonces de que el Consistorio consideraba que correspondía al juzgado tramitar el expediente de vulnerabilidad.
El Ayuntamiento explicó también que Diego había sido derivado en marzo al proyecto Base 25, una iniciativa conjunta con el Gobierno de Canarias para atender a personas que van a ser desahuciadas. Tras el lanzamiento, el Consistorio señaló que se había ofrecido a padre e hija un recurso alojativo de emergencia gestionado por Cruz Roja. El traslado de este martes se produce dentro de ese recorrido por recursos temporales.
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