El desahucio de Pilar y su hija, residentes en el barrio de San Matías, en La Laguna, ha quedado paralizado este martes. El lanzamiento estaba previsto para las 9:30 horas, pero finalmente ha sido suspendido después de que la defensa presentara un recurso de reforma con solicitud de suspensión cautelar.
Según ha dado a conocer Televisión Canaria, el Ayuntamiento de La Laguna se personó en el juzgado y confirmó la suspensión. No obstante señalan que la medida no supone la cancelación definitiva del procedimiento, ya que la jueza resolverá durante este martes los recursos presentados y, previsiblemente, fijará una nueva fecha para el lanzamiento.
Solución habitacional
Por su parte, el Gobierno de Canarias ha informado de que el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) y el Ayuntamiento de La Laguna han coordinado la adjudicación de una vivienda del parque público autonómico a la familia. Según el Ejecutivo, los Servicios Sociales municipales propusieron el caso con carácter prioritario y urgente debido a la situación de extrema necesidad de la familia. Ambas administraciones han mantenido contactos para atender la emergencia habitacional.
La familia figuraba inscrita en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias y se encontraba entre las posibles adjudicatarias de las viviendas que se entregarán mediante el procedimiento de segunda adjudicación, que permite volver a asignar inmuebles públicos que quedan disponibles.
Recursos judiciales
En cuanto al procedimiento judicial, la defensa de Pilar había solicitado que se resolvieran antes del lanzamiento los escritos presentados para proteger los derechos de la familia. Entre ellos figura una petición que, según la cadena autonómica, aporta documentación registral para acreditar que el propietario posee más de dos viviendas y reclama la aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 29/2026.
El Ayuntamiento de La Laguna ha asegurado que lleva tiempo realizando un seguimiento del caso junto con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Asimismo, el alcalde ha insistido ante el ICAVI en la situación de emergencia de la familia y ha solicitado la creación de un grupo de trabajo con la plataforma para abordar otros casos similares en el municipio. El consistorio también ha explicado que en este procedimiento no puede aplicarse el conocido como decreto Maricarmen, al haberse tramitado por la vía penal y debido a las dificultades que, según el ayuntamiento, ha tenido la familia con su defensa jurídica.
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