El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna ha iniciado una modificación de su Plan General de Ordenación (PGO) que cambia el marco para la construcción de nuevas estaciones de servicio en suelo urbano residencial. La reforma elimina algunos condicionantes que había hasta ahora, los sustituye por nuevos parámetros de seguridad y obliga a que las nuevas instalaciones incorporen puntos de recarga eléctrica, en línea con la legislación climática estatal y autonómica.
Este cambio se debe a un ajuste normativo que actualiza el planeamiento aprobado en 2004 para adaptarlo a los cambios legales y energéticos de los últimos años.
Nuevas gasolineras, también electrolineras
Una de las principales novedades es la obligación de incorporar recarga eléctrica en las estaciones de nueva construcción. En aplicación de la Ley de Cambio Climático nacional y de la normativa canaria, cualquier nueva gasolinera que se autorice en suelo urbano deberá contar al menos con un punto de recarga de alta potencia.
La intención es que estas instalaciones no funcionen únicamente como puntos de suministro de combustibles fósiles, sino también como infraestructuras de apoyo a la movilidad eléctrica. El planeamiento municipal se alinea así con los objetivos de transición energética y reducción de emisiones.
Fin de las zonas reservadas
Hasta ahora, el Plan General de Ordenación contemplaba categorías urbanísticas concretas para gasolineras y exigía, en determinados casos, la aprobación previa de un Estudio de Detalle. Con la modificación, desaparecen esas categorías específicas y se elimina ese trámite adicional.
De esta forma, las gasolineras dejarán de estar vinculadas a parcelas expresamente calificadas para ese uso. A partir de ahora, podrán implantarse en suelo residencial como uso compatible, siempre que cumplan las condiciones técnicas y ambientales exigidas por la normativa sectorial.
Más seguridad jurídica
El cambio responde también a la necesidad de adaptar la normativa municipal a la Ley 11/2013, que facilitó la implantación de estaciones de servicio en determinados entornos, y a la jurisprudencia posterior del Tribunal Constitucional. Algunas exigencias del plan vigente habían quedado desfasadas y podían entrar en conflicto con la legislación estatal.
Con la supresión del Estudio de Detalle, el procedimiento para los operadores que quieran construir gasolineras se simplifica y se reducen plazos administrativos. El Ayuntamiento busca así reforzar la seguridad jurídica y evitar trámites que ya no tienen encaje claro en el marco legal actual.
Qué pasa con las ya existentes
La modificación no obliga de forma automática a las estaciones ya en funcionamiento a instalar cargadores eléctricos. Mantienen su situación actual y sus licencias vigentes.
Sin embargo, si acometen ampliaciones o reformas sustanciales que requieran revisión de autorizaciones, podrían verse obligadas a adaptarse a las nuevas exigencias energéticas, en función de lo que marque la normativa sectorial aplicable en cada caso.
Impacto en los barrios
En la actualidad, el municipio cuenta con trece estaciones de servicio en suelo urbano que han servido de referencia para justificar la actualización normativa. Algunas habían generado conflictos por su proximidad a viviendas o por exigencias urbanísticas como el adosamiento obligatorio a manzanas cerradas, que ahora desaparece.
La reforma no supone vía libre para abrir gasolineras en cualquier parcela residencial. Las futuras instalaciones seguirán sometidas a informes sectoriales, control ambiental, condiciones de accesibilidad y compatibilidad con las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto,