El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna ha decidido no recurrir la resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (TACP) que anuló la adjudicación del contrato de conservación y mantenimiento del alumbrado público e instalaciones eléctricas municipales.

En consecuencia, la Junta de Gobierno Local ha decidido continuar con la tramitación del expediente y proceder a la adjudicación a Effico, la siguiente empresa clasificada en el procedimiento.

Una adjudicación anulada por el Tribunal de Contratos

Según la resolución, el Tribunal estimó el recurso especial interpuesto por Effico contra el acuerdo de adjudicación adoptado en abril de 2025, declarando nula la adjudicación impugnada y ordenando al Ayuntamiento requerir a la siguiente empresa clasificada para formalizar el contrato.

La Junta de Gobierno Local había aprobado en 2024 el expediente de contratación y la apertura del procedimiento mediante licitación abierta y tramitación ordinaria, con un gasto de 18,7 millones de euros y un plazo de ejecución de cuatro años, ampliable por uno adicional. En abril de 2025 se adjudicó el servicio a la UTE IMESAPI–EMELSA, pero el recurso de Effico motivó la revisión del proceso.

Un conflicto de intereses en el origen

El recurso interpuesto por Effico ponía en el centro del procedimiento un conflicto de intereses en la adjudicación. En su dictamen, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias (TACP) determinó que en el proceso de adjudicación del contrato de alumbrado público en La Laguna había una concatenación de vínculos que comprometían la imparcialidad del proceso.

Por un lado, la jefa de Servicio de Medio Ambiente y Servicios Municipales del Ayuntamiento —quien se inhibió en el expediente, pero esto no fue considerado suficiente por el Tribunal por hacerlo en favor de un subalterno— está casada con un apoderado de IMESAPI, una de las empresas de la UTE  que resultó adjudicataria del contrato. Esa misma funcionaria también ejerce como secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Tenerife (COIITF), organismo al que se encargó la valoración técnica de las ofertas presentadas en la licitación, si bien La Laguna defiende que no tuvo ningún papel en esta valoración.

La contratación del COIITF se concretó mediante un contrato menor por 12.465,50 euros (IGIC incluido), con el objeto de asistir a la Mesa de Contratación en la evaluación técnica. El informe técnico que ese colegio emitió fue, en la práctica, prácticamente idéntico al que los mismos técnicos municipales pusieron como base final en la distribución de puntuaciones. Ese paralelismo exacto entre las valoraciones del COIITF y las decisiones municipales fue tomado por el Tribunal como un indicio de que había existido una influencia indebida.

Riesgo de una Navidad sin luces

La decisión del Tribunal generó preocupación en el municipio, ya que la suspensión del contrato se produjo a las puertas la preparación de la campaña de alumbrado navideño. La Laguna corría el riesgo de quedarse sin iluminación festiva novedosa y tener que recurrir a la iluminación mínima del anterior contrato en precario.