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Exterior del hotel Neptuno. /AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA

El TSJC suspende la demolición del Hotel Neptuno en Bajamar

Los propietarios presentaron un recurso ante el TSJC que ha sido estimado, por lo que, por ahora, la administración no puede acceder al edificio ni continuar con los trabajos previos al derribo hasta que exista una nueva resolución firme

La demolición del Hotel Neptuno queda en suspenso tras una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que obliga a frenar los trabajos hasta nueva orden judicial.

La Gerencia de Urbanismo de La Laguna ha explicado a Atlántico Hoy que habían obtenido en primera instancia una autorización judicial para acceder al antiguo complejo turístico y ejecutar la demolición. Esa autorización permitía iniciar los preparativos para derribar el inmueble pese al desacuerdo de la priopiedad.

Sin embargo, los propietarios presentaron un recurso ante el TSJC que ha sido estimado, dejando sin efecto la autorización concedida en un primer momento. Esto significa que, por ahora, la administración no puede acceder al edificio ni continuar con los trabajos previos al derribo hasta que exista una nueva resolución firme.

Asunto procesal

La Gerencia insiste en aclarar que la decisión del tribunal "no cuestiona la legalidad de la orden de ejecución ni la competencia municipal, ni tampoco la motivación técnica que sustenta la necesidad de la demolición, sino que aborda un asunto estrictamente procesal".

En la práctica, esta resolución obliga a suspender cualquier actuación material en la propiedad y abandonar los trabajos preparatorios "pero no afecta al fondo del asunto ni a la validez de las actuaciones administrativas previas".

Cumplidos plazos y trámites

Desde la Gerencia se subraya que la paralización no es consecuencia de una actuación incorrecta por parte de la Administración. Defienden que se ha actuado con diligencia y se han cumplido "todos los plazos y trámites legales, obteniendo la autorización judicial inicial conforme a derecho".

La intención municipal es continuar "impulsando la ejecución en cuanto exista una autorización judicial firme que permita retomar los trabajos con plena seguridad jurídica".

 

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