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Viviendas de Valterra, en Arrecife. AH

Las 70 familias de Valterra (Arrecife) exigen al Cabildo de Lanzarote que desbloquee la entrega de sus viviendas

Los afectados denuncian nuevas trabas administrativas pese a que las viviendas fueron transferidas al Cabildo en 2022 y reclaman una solución definitiva tras décadas de espera

Las 70 familias que residen en las históricas viviendas de Valterra, en Arrecife, han reclamado al Cabildo de Lanzarote que ponga fin a lo que califican como un "bloqueo burocrático" y proceda a formalizar la entrega de la titularidad de sus hogares, una reivindicación que arrastra décadas de espera.

Los afectados aseguran que continúan atrapados en una situación de inseguridad jurídica a pesar de que el traspaso estatal de las viviendas fue autorizado mediante la Ley 10/2022 y de que las casas ya han sido inscritas en el Registro de la Propiedad a nombre del Cabildo de Lanzarote. Sin embargo, las escrituras individuales todavía no han sido entregadas a los moradores.

Reivindicación histórica

El conflicto tiene su origen en las viviendas construidas en 1955 por el Instituto Social de la Marina (ISM). Tras años de reivindicaciones vecinales, el Estado autorizó la donación de los inmuebles al Cabildo con el objetivo de que la corporación insular los transfiriera definitivamente a quienes los habitan.

Los vecinos sostienen que, pese a haberse completado los trámites de inscripción de las viviendas a nombre de la institución insular, el proceso sigue sin culminar. Por ello, reclaman una solución definitiva que les permita obtener la propiedad de los inmuebles en los que han residido durante décadas.

La preocupación de las familias se ha intensificado tras conocer que el Área de Vivienda del Cabildo ha encargado recientemente un nuevo dictamen jurídico externo para analizar nuevamente las condiciones de la transmisión y determinar si los vecinos deben asumir algún pago.

Los portavoces de los afectados consideran que esta decisión supone una demora innecesaria. Argumentan que la situación ya fue respaldada por la legislación estatal y por acuerdos adoptados por la propia institución insular, y recuerdan que los actuales moradores son los ocupantes históricos de las viviendas.

Además, denuncian que los retrasos acumulados les han obligado a contratar asesoramiento jurídico privado para defender sus derechos e intentar desbloquear una situación que consideran enquistada.

Exigen un calendario

Entre las demandas planteadas al Cabildo figuran la publicación de los resultados del último informe jurídico, la garantía de que la transmisión de las viviendas sea gratuita, la eliminación de los obstáculos administrativos y la fijación de un calendario vinculante para la firma de las escrituras de propiedad.

Las familias recuerdan que detrás de los expedientes administrativos existen personas mayores y hogares vulnerables que llevan años esperando una solución definitiva. Asimismo, advierten de que, si no reciben respuestas claras en el corto plazo por parte del grupo de gobierno insular, estudiarán intensificar las movilizaciones y emprender nuevas acciones legales.