La protesta por el derecho a la vivienda en Lanzarote ha denunciado públicamente las advertencias que, según asegura, ha recibido por parte del Ayuntamiento y de la Policía sobre posibles multas y el desalojo de la acampada.
El colectivo sostiene que la movilización se desarrolla de manera pacífica, ordenada y reivindicativa y que está vinculada a la defensa del derecho a la vivienda y al ejercicio del derecho de reunión recogido en el artículo 21 de la Constitución Española.
Reclaman concretar las infracciones
Los participantes señalan que respetan las ordenanzas municipales, pero consideran que estas no pueden, por sí solas, impedir el ejercicio de un derecho fundamental.
En este sentido, reclaman a las autoridades que, si consideran que se está produciendo alguna infracción, indiquen qué artículo concreto se estaría incumpliendo y cuál es la conducta que se les exige corregir.
El colectivo asegura además que está dispuesto a colaborar para mantener el espacio "de manera pacífica y ordenada", evitar daños y garantizar tanto el paso como la convivencia con el entorno.
La acampada continuará
La protesta defiende que cualquier limitación del derecho de reunión debe estar debidamente justificada y responder, a su juicio, a criterios de necesidad y proporcionalidad.
Por ello, los organizadores han anunciado que mantendrán la protesta y sus reivindicaciones por el derecho a la vivienda, aunque aseguran que lo harán desde el respeto, la organización y la no violencia.
"No estamos aquí para molestar. Estamos aquí porque la vivienda es un derecho y no un negocio", señala el comunicado difundido por la plataforma.
El colectivo concluye su mensaje con una declaración de principios: "Contra la amenaza, organización. Contra la violencia, nuestra ternura comunitaria".
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