El alcalde de Arrecife, Yonathan de León (PP), ha pedido este lunes a la Delegación del Gobierno en Canarias la expulsión de España de los tres migrantes denunciados por una mujer por una presunta violación ocurrida durante una travesía en patera hacia Lanzarote.
La petición llega después de que los tres hombres hayan quedado en libertad al concluir la Fiscalía que los tribunales españoles no tienen competencia para investigar y juzgar los hechos denunciados, al haberse producido presuntamente en aguas internacionales y no concurrir los requisitos legales que actualmente permitirían extender la jurisdicción española.
Los tres sospechosos, dos ciudadanos malienses y uno de Burkina Faso de 21, 25 y 30 años, habían sido detenidos después de que una compañera de la embarcación denunciara haber sufrido una agresión sexual durante el viaje.
La declaración de la mujer estaba respaldada por otro ocupante de la patera que aseguró haber presenciado los hechos. Inicialmente, un juez de guardia acordó el ingreso en prisión provisional de los tres detenidos.
Puestos en libertad
La situación judicial cambió posteriormente al determinarse que la presunta agresión había ocurrido en aguas internacionales, a unos 131 kilómetros de Canarias.
Según confirmó EFE, fue la propia Fiscalía la que solicitó que los investigados quedaran en libertad al entender que la legislación vigente no permite a los tribunales españoles perseguir este caso concreto.
La patera no tenía bandera española y tanto la denunciante como los tres investigados eran extranjeros sin residencia habitual en España, circunstancias relevantes para determinar la jurisdicción aplicable.
La puesta en libertad, por tanto, no supone un pronunciamiento judicial sobre si la agresión denunciada ocurrió o no, sino que responde a la falta de competencia de la Justicia española para continuar el procedimiento con la legislación actual.
El alcalde reclama su expulsión
Tras conocerse esta decisión, Yonathan de León ha reclamado al Gobierno central “celeridad” para proceder a la expulsión de los tres hombres.
El alcalde sostiene que, si la embarcación fue rescatada en aguas internacionales tras haber partido de Marruecos, debería haberse estudiado su traslado a un puerto marroquí en lugar de desembarcar a sus ocupantes en Arrecife.
De León también ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que los tres investigados permanezcan en España y ha reclamado a la Delegación del Gobierno que actúe.
La expulsión de una persona extranjera, no obstante, no se produce automáticamente por haber sido denunciada o investigada penalmente. La Ley de Extranjería establece distintos supuestos para acordarla y exige la tramitación del correspondiente expediente administrativo y una resolución motivada. Una condena por determinados delitos puede constituir causa de expulsión, pero también existen otros supuestos vinculados a infracciones administrativas de extranjería.
La Fiscalía pide cambiar la ley
El caso ha provocado también una reacción de la Fiscalía de Canarias, aunque en una dirección distinta a la planteada por el alcalde.
El Ministerio Público ha solicitado a las Cortes Generales una reforma legislativa que permita a España perseguir determinados delitos graves cometidos a bordo de pateras o cayucos que se dirigen hacia sus costas, incluso cuando los hechos ocurran en aguas internacionales.
Actualmente, España sí puede perseguir determinadas conductas relacionadas con quienes gobiernan estas embarcaciones gracias a una reforma introducida después de la crisis de los cayucos de 2006.
Esa regulación permite actuar contra los patrones de las embarcaciones y determinados hechos directamente relacionados con el viaje irregular hacia España, pero deja fuera otros delitos cometidos durante la travesía, como algunas agresiones sexuales o asesinatos perpetrados por pasajeros que no son los patrones.
La Fiscalía considera que este caso evidencia un vacío legal y propone extender la competencia española cuando pueda acreditarse que la embarcación se dirigía hacia España.
Una patera con muertos
Los tres hombres viajaban en la neumática rescatada durante la madrugada del 16 de septiembre al nordeste de Lanzarote.
Salvamento Marítimo rescató a 65 supervivientes y recuperó tres cadáveres. Los ocupantes aseguraron posteriormente que faltaban al menos otras diez personas, mientras que organizaciones que trabajan con migrantes elevaron a 14 el posible número de desaparecidos.
La Policía Nacional inició la investigación por la denuncia de la mujer, que recibió asistencia a su llegada al Hospital Doctor José Molina Orosa de Arrecife.
Las diligencias fueron asumidas por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) y desembocaron inicialmente en la detención y prisión provisional de los tres sospechosos.
Una moción sobre expulsiones
La reclamación del alcalde se produce además después de que el pleno del Ayuntamiento de Arrecife aprobara el pasado viernes, con los votos de PP y Vox, una moción que insta al Gobierno de España a garantizar el retorno efectivo de personas que hayan accedido de forma irregular al territorio nacional.
Según el comunicado municipal, la iniciativa pide también reforzar las fronteras españolas.
De León ha vinculado esa posición con el caso de los tres hombres ahora puestos en libertad y ha reclamado al Ejecutivo estatal que estudie su situación administrativa y, si concurren los requisitos legales, proceda a su expulsión.
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