La investigación judicial abierta contra el consejero de Residuos del Cabildo de Lanzarote, Domingo Cejas (CC), por un posible delito contra los recursos naturales y el medio ambiente relacionado con el incendio de 2024 en el Complejo Ambiental de Zonzamas, quedó archivada el pasado mes de marzo. Así lo ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), después de que este martes trascendiera públicamente la existencia de las diligencias.
La causa se inició tras una denuncia presentada por el Seprona de la Guardia Civil a raíz del incendio declarado el 27 de mayo de 2024 en el vertedero de Zonzamas, un fuego que obligó entonces a activar el Plan de Emergencias Insular y generó una intensa columna de humo visible desde distintos puntos de Lanzarote.
La imputación de Cejas no había trascendido hasta ahora, después de que el Cabildo firmara el pasado 21 de mayo un decreto para asumir el coste de la asistencia jurídica del consejero.
Archivo de la causa
Según el auto judicial, fechado el 6 de marzo, los indicios que justificaron la apertura de la investigación “se han debilitado hasta tal punto que no pueden servir de base para la apertura de juicio” contra el investigado.
La Sección de Instrucción número 2 de Arrecife tomó declaración a Cejas y practicó distintas diligencias antes de acordar el archivo del procedimiento.
La citación judicial había sido notificada al área de Residuos el 30 de octubre de 2025, aunque la investigación no se hizo pública hasta este martes, coincidiendo con la difusión del decreto del Cabildo relativo al pago del abogado.
Informes sobre Zonzamas
En la documentación consultada por distintos medios se citan además informes ambientales de 2022 y 2024 que alertaban de “deficiencias operativas y de control interno” en la gestión del Complejo Ambiental de Zonzamas, especialmente en materia de almacenamiento, clasificación, vigilancia y gestión de residuos.
La condición de investigado recaía sobre el representante legal del Complejo Ambiental, responsabilidad que corresponde al consejero de Residuos del Cabildo.
Desde la corporación insular explican que el decreto firmado recientemente no suponía la contratación del abogado, sino la aprobación del pago de los servicios ya prestados por el letrado Francisco Torres Stinga.
El Cabildo sostiene que la Administración asume estos gastos cuando la causa concluye archivada “por inexistencia de responsabilidad” del cargo público o funcionario afectado. No obstante, el decreto no concreta todavía la cuantía de los honorarios, que quedan pendientes de presupuesto y deberán ajustarse al baremo del Colegio de Abogados de Lanzarote.
Críticas del PSOE
La publicación de esta información llevó este martes al PSOE a exigir explicaciones al presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, al considerar que el gobierno insular mantuvo oculta durante meses la existencia de la investigación judicial.
El consejero socialista Benjamín Perdomo aseguró que “lo más grave” no era únicamente la apertura de diligencias penales, sino que el grupo de gobierno “decidiera ocultarlo a la ciudadanía”.
Los socialistas reclamaron una comparecencia pública para aclarar desde cuándo conocía el Cabildo la investigación, qué medidas se adoptaron tras el incendio y cuál es la situación actual del Complejo Ambiental de Zonzamas.