La empresa concesionaria del ciclo integral del agua en Lanzarote, Canal Gestión Lanzarote, ha iniciado los trámites legales para solicitar la resolución del contrato de concesión. La compañía atribuye esta decisión a una serie de incumplimientos que imputa al Consorcio del Agua insular.

El movimiento llega después de que el propio Consorcio anunciara recientemente el inicio del procedimiento para la intervención cautelar del servicio prestado por la empresa, al entender que existe una “perturbación grave, estructural y continuada del sistema”. También comunicó su intención de iniciar la resolución del contrato.

Doce años de concesión

Canal Gestión Lanzarote asegura que toma esta decisión tras doce años prestando el servicio en lo que define como un escenario de “hostilidad jurídica y técnica”. Según la empresa, un análisis técnico-jurídico identifica incumplimientos “críticos y sistemáticos” por parte del Consorcio.

Entre los principales argumentos, la compañía sostiene que el Consorcio se comprometió a ejecutar y financiar inversiones valoradas en 78,7 millones de euros, pero que esas actuaciones no se han llevado a cabo. Canal también recuerda que adelantó un canon de 50 millones de euros que, según afirma, no se habría destinado a renovar y ampliar las infraestructuras hidráulicas.

Inversiones y tarifas

La empresa considera que la falta de inversión ha provocado una degradación de las infraestructuras del agua en la isla, con perjuicio tanto para la población como para la propia operación de Canal Gestión Lanzarote.

Otro de los puntos señalados por la concesionaria es el supuesto bloqueo de la actualización tarifaria. Canal afirma que, desde 2017, el Consorcio ha evitado aplicar la revisión de tarifas prevista en el contrato, pese a estar reconocida, según la empresa, por una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Déficit de más de 40 millones

Canal Gestión Lanzarote sostiene que esta situación ha generado a la compañía un déficit superior a los 40 millones de euros. La empresa defiende que esa cantidad deberá ser abonada por el Cabildo de Lanzarote, en función de los pronunciamientos judiciales existentes.

La concesionaria también acusa al Consorcio del Agua de imponer modificaciones contractuales y órdenes de obra de carácter unilateral. A su juicio, estas decisiones habrían alterado las condiciones esenciales de la adjudicación realizada en 2013.

Rechazo a la intervención cautelar

La empresa considera además que la intervención cautelar del servicio acordada por el Consorcio supone un “agravio enorme e injustificado”. Canal defiende que ha actuado por encima de sus obligaciones contractuales, mientras acusa al Consorcio de no haber atendido sus deberes como órgano de contratación y titular de las infraestructuras hidráulicas.

Además de solicitar la resolución del contrato, Canal Gestión Lanzarote reclama la compensación de los perjuicios económicos que, según sostiene, le han generado estas actuaciones.

La empresa concluye que se reserva la posibilidad de emprender otras actuaciones para preservar sus recursos económicos y su imagen. Mientras tanto, el conflicto queda pendiente de los procedimientos administrativos y legales que deberán determinar el futuro de la concesión.