El transporte ilegal de viajeros a través de teléfonos móviles, redes sociales y aplicaciones de mensajería lleva al menos un año bajo la lupa del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa. La institución insular ya advertía en agosto de 2025 de que mantenía abiertas 44 líneas de investigación por presuntas infracciones muy graves y había detectado más de 40 números de teléfono vinculados a ofertas de transporte sin autorización.
Un año después, los controles continúan y han comenzado a traducirse en nuevas actuaciones sobre el terreno. El Cabildo ha iniciado ahora dos expedientes sancionadores contra sendos vehículos por la presunta prestación de servicios de transporte público de viajeros sin la autorización administrativa correspondiente. Las propuestas de sanción ascienden a 4.001 euros en cada caso, 8.002 euros en conjunto.
Las dos actuaciones se produjeron durante la madrugada del pasado 6 de agosto en las inmediaciones del Centro Comercial La Marina, en Arrecife, una zona con una elevada afluencia de jóvenes durante las noches de ocio. Según la información trasladada por el Cabildo, agentes de la Policía Nacional observaron cómo ambos vehículos acudían de manera reiterada al lugar para recoger pasajeros y trasladarlos posteriormente a diferentes puntos de la capital.
Móviles, un datáfono y un grupo denominado “Uber”
Durante la intervención, los agentes localizaron tres teléfonos móviles y un terminal de pago electrónico. En uno de los dispositivos comprobaron además la existencia de un grupo de mensajería denominado “Uber”. El propio expediente precisa, no obstante, que estos elementos tienen carácter complementario y que la imputación se sustenta principalmente en la actuación observada por los agentes y en las manifestaciones de los pasajeros acerca del sistema utilizado para solicitar los desplazamientos.
El uso de canales digitales para concertar este tipo de servicios no es nuevo para los inspectores de Transportes de Lanzarote. Ya el 5 de agosto de 2025 el Cabildo alertaba de un “crecimiento preocupante” del transporte ilegal ofertado a través de redes sociales y plataformas digitales bajo nombres como “Uber” u otras denominaciones similares.
En aquel momento, el Servicio de Inspección de Transportes aseguraba mantener abiertas 44 líneas de investigación y haber localizado más de 40 líneas telefónicas diferentes relacionadas con ofertas de transporte no autorizado.
Un año de controles sobre servicios concertados
La institución volvió a poner el foco sobre estas prácticas el pasado 23 de julio de 2026, cuando anunció un refuerzo de los controles contra conductores no autorizados y los denominados “taxis pirata”. El Cabildo señalaba entonces que algunas de estas recogidas ya no se realizaban únicamente captando pasajeros directamente en la calle, sino mediante servicios previamente concertados a través de aplicaciones móviles no oficiales y plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp.
Ese comunicado se produjo después de la intercepción en Arrecife de un conductor reincidente que trasladaba a un número excesivo de pasajeros en un vehículo particular. La actuación fue presentada entonces como el inicio de una colaboración reforzada entre la Inspección de Transportes del Cabildo y la Policía Local de Arrecife. Las dos nuevas actuaciones de agosto fueron detectadas, en este caso, por agentes de la Policía Nacional, que posteriormente remitieron la información a la Policía Local para formalizar las correspondientes denuncias.
Multas de hasta 6.000 euros
La normativa canaria considera una infracción muy grave la prestación de servicios de transporte público sin disponer de la correspondiente concesión, autorización o licencia. Las sanciones previstas oscilan entre los 4.001 y los 6.000 euros y pueden ir acompañadas de la inmovilización del vehículo. En los dos últimos expedientes abiertos por el Cabildo, la propuesta de sanción se sitúa en el mínimo de esa horquilla: 4.001 euros por vehículo.
Los últimos casos refuerzan así una línea de investigación que el Cabildo viene desarrollando desde 2025 sobre una modalidad de transporte clandestino que utiliza teléfonos móviles y servicios de mensajería para poner en contacto a conductores y pasajeros al margen de los canales autorizados.
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