El Cabildo de Lanzarote ha dejado tres centros de menores en manos de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, una ONG con cuatro directivos imputados por —presuntamente— desviar más de 2,4 millones de euros que provenían de fondos europeos.
La adjudicación se produjo este martes por 3.361.204,73 euros después de que la entidad superara el proceso compitiendo con FEPAS, otro licitador que también quería gestionar las instalaciones Yaiza I, Yaiza II y Alegranza. El proceso comenzó el 4 de diciembre de 2025.
Los centros
El objetivo del acuerdo es atender a 25 menores que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Los centros se inauguraron para atender a menores migrantes que llegan solos a las Islas y los tres han pasado de ser de primera acogida a recursos estables atendiendo a una normativa de 2024.
Una vez se firme el contrato, la Fundación Respuesta Social Siglo XXI se quedará al frente de los tres centros para menores. La ONG, que ya opera en Yaiza I y Yaiza II —aunque hasta ahora se ha considerado como solo uno—, se encuentra desde hace tiempo en una situación judicial delicada.
Alquileres
Una investigación policial y una querella de la Fiscalía Anticorrupción hace tres años dieron origen al conocido como caso Siglo XXI. Aquello derivó en la imputación de cuatro directores de centros de acogida como presuntos autores de un desvío de dinero público.
A ellos se suma una quinta persona: el empresario acusado de alquilarles, presuntamente, las casas que luego usaban como centros de menores. Además, recibió más de 12 millones de euros del Gobierno canario entre 2020 y 2022 para que tomaran las riendas de los centros.
Acogida de menores
Ese dinero se le entregó en un momento donde Canarias no daba a basto. La llegada de migrantes era incesante, el muelle de Arguineguín fue bautizado como el de ‘la vergüenza’ y los recursos escaseaban. Ahora el foco está en saber si las partidas se usaron de forma lícita.
Los fondos europeos Next Generation que están en el punto de mira eran para cubrir la acogida de menores y la manutención. Las cuantías fueron transferidas a la Fundación Respuesta Social Siglo XXI por el Gobierno autonómico y el Cabildo de Lanzarote.
¿Fines lucrativos?
Se sospecha que los investigados desviaron esos fondos, presuntamente, con fines lucrativos en el ámbito personal. La querella presentada por Anticorrupción señalaba que una de las directoras pagó con la tarjeta de crédito de su centro 1.500 euros en una clínica estética.
Otros de los imputados destinaron el dinero, según la querella, a comprar viagra, métodos para dejar de fumar, restaurantes o ropa. Los centros para los que iba el presupuesto son Guiniguada, Alcorán y Portobello (Gran Canaria); así como La Santa y Yaiza (Lanzarote).
"Gastos sin justificación"
Eso sí, no se desviaron —presuntamente— los más de 12 millones que la entidad recibió en varios años. La querella hablaba de más de 41.000 euros en gastos “sin justificación” y sugería que esa cantidad podía representar solo una parte de los supuestos hechos.
Con la investigación finalizada, se concluyó que, de más de 1,6 millones de euros ingresados por la fundación, más de 1,1 millones fueron retirados en efectivo mediante reintegros fraccionados, además de detectarse transferencias a cuentas particulares y gastos personales.
Inspecciones
La denuncia tuvo su origen en las inspecciones llevadas a cabo entre 2020 y 2022 por la Fiscalía de Menores, la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, el Defensor del Pueblo y el Diputado del Común.
La Fundación Respuesta Social Siglo XXI publicó en 2023 un comunicado en la portada de su página web en el que negaba las irregularidades y defendía su trabajo. Asimismo, el Gobierno de Canarias decidió personarse en el caso en calidad de perjudicado.
Fiscalía Europea
Las imputaciones parten de la Fiscalía Europea —al ser fondos comunitarios—. Al principio el caso fue asumido por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de Las Palmas, que abrió diligencias y permitió la puesta en marcha de la operación Tabaiba —como la acuñaron los agentes—.
La investigación también descubrió un presunto entramado de alquileres inflados en los inmuebles donde operaban los centros. El empresario propietario, en connivencia con la fundación, habría utilizado sociedades interpuestas para fijar rentas que duplicaban o triplicaban los precios de mercado, generando un sobrecoste superior a los 1,3 millones.