El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha abierto el camino para regular la circulación de buggies, quads, motos de trial, enduro, cross y otros vehículos similares por el medio natural de la isla. La institución insular someterá la iniciativa a una consulta pública durante un mes y estudia establecer un marco común que permita restringir o prohibir estas actividades en pistas de tierra y suelo rústico.
La propuesta parte del Área de Ordenación del Territorio y Política Territorial y pretende acabar con las diferencias que puedan existir entre municipios a la hora de ordenar una actividad que, en muchos casos, atraviesa varios términos municipales.
El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, sostiene que Lanzarote tiene un territorio "limitado y especialmente frágil" y considera necesario establecer unas reglas comunes para proteger el paisaje, el suelo y la convivencia en las zonas rurales.
Por su parte, el consejero de Ordenación del Territorio y Política Territorial, Jesús Machín, plantea como una de las alternativas estudiadas la prohibición del tránsito recreativo y turístico de estos vehículos por pistas de tierra y suelo rústico, aunque contempla que puedan desarrollarse en recintos específicamente preparados para ello.
Un problema que también afecta a Gran Canaria
La situación que ahora aborda Lanzarote cuenta con antecedentes en otras islas. En Gran Canaria, el Ayuntamiento de Mogán inició en 2025 la elaboración de una ordenanza específica para regular la circulación de "quads, buggies, motos de trial, enduro o cross, y vehículos de características análogas" en el término municipal. El expediente fue sometido a consulta pública previa y recibió seis escritos de alegaciones.
El problema continúa generando quejas en zonas rurales del municipio. En septiembre de 2026, vecinos de Llanos de Cortadores, en Mogán, denunciaron el deterioro de la pista de acceso a la Degollada de Cortadores y señalaron el tránsito continuado de excursiones turísticas en buggy como uno de los factores que, según su testimonio, habría acelerado la degradación del firme.
El caso de Mogán muestra que la presión de estas actividades no se limita a Lanzarote y que otras administraciones locales han comenzado a estudiar herramientas específicas para ordenar su circulación.
Fuerteventura optó por crear rutas
Uno de los precedentes más claros está en Fuerteventura, donde el Cabildo aprobó en 2019 una ordenanza insular para regular la circulación de quads, buggies, motos de trial, enduro, cross y vehículos similares en espacios naturales protegidos, áreas de la Red Natura 2000 y determinados senderos.
La regulación estableció además una Red Oficial de Rutas en el medio natural, con el objetivo de concentrar el tránsito autorizado en caminos que no perjudicasen los valores ambientales y económicos de las zonas afectadas.
El modelo majorero es precisamente una de las alternativas que ahora aparecen sobre la mesa en Lanzarote. La documentación del Cabildo contempla estudiar una Red Oficial de Rutas a motor altamente restringida, frente a la opción de prohibir el tránsito recreativo y turístico en pistas de tierra y suelo rústico.
También hay restricciones en Tenerife
En Tenerife, el Cabildo ha planteado igualmente limitar la presión de este tipo de vehículos en uno de los principales espacios naturales de la isla. Su nuevo modelo de movilidad para el Parque Nacional del Teide prevé que, a partir de 2027, se limiten las caravanas de quads, buggies y todoterrenos, dentro de un plan más amplio para reducir la presión del vehículo privado en el parque.
La regulación de estas actividades responde en parte a sus posibles efectos sobre el medio natural. Un manual de buenas prácticas del Gobierno de Canarias identifica entre las afecciones asociadas a las rutas en quads la alteración física del suelo, el ruido, el impacto paisajístico, el levantamiento de polvo, los daños sobre la vegetación y las molestias a la fauna. El documento señala además que estos impactos se hacen especialmente visibles en las islas orientales, donde esta actividad se realiza con mayor frecuencia.
El Cabildo estudia una ordenanza provisional
Los informes técnicos utilizados por la institución lanzaroteña identifican como posibles impactos la compactación y erosión del suelo, la pérdida de suelo fértil, el polvo, las afecciones a cultivos y vegetación autóctona, las molestias a la fauna, la contaminación acústica, la aparición de nuevas rodadas y el impacto paisajístico.
También se contemplan posibles afecciones sobre el patrimonio arqueológico y etnográfico.
La vía preferente planteada por el Cabildo pasa por una Ordenanza Insular Provisional, prevista en la Ley 4/2017, que permitiría establecer criterios homogéneos para el suelo rústico mientras continúa la tramitación del nuevo Plan Insular de Ordenación.
La institución abrirá ahora la participación a ayuntamientos, propietarios de suelo rústico, organizaciones ecologistas, clubes deportivos, empresas y profesionales del turismo activo y ciudadanía en general.
Las aportaciones podrán presentarse durante un mes contado desde el día siguiente a la publicación de la consulta en el portal web corporativo.
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