El Cabildo de Lanzarote ha vuelto a la vía de la negociación con el Gobierno de Canarias después de dejar clara su postura crítica sobre cómo había avanzado la tramitación de las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) en la isla. Ambas instituciones han acordado poner en marcha la comisión técnica encargada de definir estas zonas, que además deberá subsanar los errores materiales detectados en los mapas y revisar los espacios delimitados, tras la preocupación trasladada por la corporación insular sobre el proceso.
El Cabildo fue una de las primeras instituciones en aprobar esta planificación para energías renovables, pero desde entonces no se habían producido avances. De hecho, esta misma semana remitió un comunicado conjunto con el Cabildo de Fuerteventura en el que rechazaban el modelo de ZAR impulsado por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias.
Giro hacia la negociación
Este jueves, sin embargo, la institución insular celebró un encuentro con representantes del Ejecutivo autonómico para abordar las líneas de desarrollo de las ZAR. Según ha explicado el Cabildo, ambas partes han acordado poner en marcha, en el plazo de un mes, la comisión técnico-política prevista en el protocolo firmado.
Este órgano se encargará de corregir los errores detectados en los mapas y de revisar los espacios definidos, dentro de un trabajo conjunto orientado a avanzar en una transición energética ordenada, adaptada a la realidad insular y compatible con la protección ambiental y paisajística.
Tensiones previas
La comisión técnica debía haberse convocado entre agosto y septiembre de 2025, pero las discrepancias entre los planos firmados y los finalmente publicados tensaron la relación entre administraciones. Además, las instituciones insulares rechazaron el decreto aprobado en enero de 2026 por el Gobierno de Canarias que elimina la evaluación ambiental para determinados proyectos de energías renovables ubicados en ZAR.
Esta situación motivó que solicitaran al Parlamento de Canarias la restitución de esta obligación para todos los proyectos. El conflicto evidenció las diferencias entre administraciones sobre el modelo de implantación de renovables en el archipiélago.
Nueva hoja de ruta
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha defendido ahora la creación de esta mesa técnica, que “permitirá coordinar de forma rigurosa todo el proceso”, así como la puesta en marcha de comisiones sectoriales con la participación de ayuntamientos, colegios profesionales y otros agentes implicados.
El objetivo, ha señalado, es definir de forma consensuada la estrategia en energías renovables y su implementación de manera ordenada, garantista y adaptada a la realidad de Lanzarote y La Graciosa.
Cambio de discurso institucional
El tono del comunicado difundido este jueves contrasta con el del pasado lunes. Entonces, las instituciones insulares sostenían que la filosofía de las Zonas de Aceleración de Renovables resultaba incompatible con la realidad territorial, ambiental y paisajística de Lanzarote y Fuerteventura.
Ahora, en cambio, se alinean en mayor medida con el planteamiento del Gobierno de Canarias, que defiende las ZAR como una herramienta de planificación destinada a evitar el uso del procedimiento de interés general previsto en la normativa autonómica.
Impacto territorial y modelo energético
El lunes también defendían que la transición energética no podía hacerse a costa de la degradación del territorio y apostaban por priorizar el uso de cubiertas frente al suelo. En el nuevo comunicado, sin embargo, subrayan que las ZAR son complementarias a esa estrategia y que priorizan el aprovechamiento de cubiertas y espacios antropizados.
Por su parte, el Gobierno de Canarias y el Cabildo han recordado que sería necesario aproximadamente un 0,23% de la superficie insular para cumplir con los objetivos de descarbonización fijados para 2030, una cifra que aún está en evaluación técnica.
Participación ciudadana y nuevas normas
Asimismo, el Gobierno de Canarias ha destacado que la normativa vigente prohíbe la expropiación de terrenos para proyectos de energía solar fotovoltaica, obligando a los promotores a contar con la titularidad de los suelos.
Además, el Ejecutivo trabaja en un decreto que establecerá la obligación de que los proyectos de energías renovables en suelo de más de 2 megavatios ofrezcan un 20% de participación local a instituciones y ciudadanía canaria, con el objetivo de avanzar en la democratización de la energía.