El senador y expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro Sanginés, ha negado este jueves ante el Tribunal Supremo haber mentido cuando denunció supuestas irregularidades en contratos públicos de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, un procedimiento por el que la Fiscalía solicita para él un año y medio de prisión.
Durante el juicio celebrado en Madrid, el dirigente de Coalición Canaria defendió que actuó convencido de la veracidad de los hechos que denunció en 2009, poco después de asumir la presidencia del Cabildo insular. “No falté a la verdad, lo hice convencido y cumpliendo con mi deber de control del buen uso de los fondos públicos”, afirmó.
Origen del procedimiento
El caso se remonta a una denuncia que Sanginés presentó ante la Guardia Civil contra el empresario Antonio González, ya fallecido, y contra Carlos Espino, entonces dirigente del Partido Socialista Obrero Español.
El senador sostuvo entonces que ambos se habrían saltado los procedimientos en la adjudicación de contratos vinculados a la empresa Climafrical, señalando la existencia de sobreprecios y facturas por más de 300.000 euros sin cobertura contractual.
Sin embargo, el procedimiento judicial abierto a raíz de aquellas denuncias terminó archivado una década después al no apreciarse indicios de delito.
Acusaciones cruzadas
Durante la vista oral, Espino acusó a Sanginés de haber presentado una denuncia falsa con el objetivo de “destrozar su carrera política”. Según su versión, todos los contratos investigados se ajustaban a la legalidad y el entonces presidente del Cabildo tenía acceso a la documentación que lo demostraba.
Los hijos del empresario denunciado también declararon en el juicio y afirmaron que la denuncia provocó “terribles consecuencias” para su padre, que acabó cerrando su empresa tras perder clientes al ser señalado públicamente.
Posición de la Fiscalía
En su informe final, la Fiscalía sostuvo que el senador actuó con “manifiesto desprecio a la verdad”, diferenciando entre un error y una mentira deliberada. Según el ministerio público, Sanginés habría declarado “de forma consciente y con voluntad” tanto ante la policía como ante la justicia.
Por el contrario, la defensa del dirigente nacionalista pidió su absolución, argumentando que el senador denunció lo que consideraba irregularidades reales y recordando que el archivo de una causa no implica necesariamente que la denuncia sea falsa.
El Tribunal Supremo deberá ahora deliberar y dictar sentencia sobre un proceso que tiene su origen en una de las controversias políticas y judiciales más prolongadas vinculadas a la gestión de los CACT en Lanzarote.