El futuro urbanístico de la playa de El Cable, en Lanzarote, abre un nuevo enfrentamiento político en Arrecife. El PSOE ha denunciado este domingo 25 de octubre que el nuevo Plan General de Ordenación Supletorio contempla un desarrollo residencial de hasta 521 viviendas en el entorno de este enclave costero, una actuación que, según los socialistas, podría transformar profundamente el paisaje y aumentar la presión sobre las infraestructuras de la capital.
La concejala socialista Cristina Duque ha cuestionado las consecuencias del desarrollo previsto y ha acusado al responsable municipal de Urbanismo, Maciot Cabrera (Coalición Canaria), de impulsar lo que ha calificado como un "macro pelotazo" inmobiliario.
La formación sostiene que la construcción de estas viviendas podría suponer la incorporación de más de 1.500 residentes a la zona, con precios que, según sus estimaciones, superarían los 3.500 euros por metro cuadrado construido.
Estas cifras económicas forman parte de la denuncia del PSOE y no se han acreditado mediante precios de comercialización de una promoción concreta.
Más de 20 hectáreas
El ámbito señalado por los socialistas aparece identificado en la documentación urbanística oficial de Arrecife como sector 1, Playa del Cable-La Concha, una zona de 20,84 hectáreas, equivalentes a aproximadamente 208.400 metros cuadrados.
La memoria de información urbanística elaborada para la tramitación del Plan General recoge una capacidad calculada de 521 viviendas para este sector, aplicando una densidad de 25 viviendas por hectárea.
Sin embargo, existe un matiz relevante: esa cifra procede de las determinaciones del planeamiento anterior, recogidas en la adaptación básica del Plan General de 2003. Por tanto, no acredita por sí sola que se trate de 521 viviendas incorporadas por primera vez al nuevo documento.
El sector figura en esa memoria como suelo urbanizable sectorizado no ordenado, una categoría que requiere completar las condiciones urbanísticas correspondientes antes de materializar su desarrollo.
La previsión residencial tampoco equivale a una licencia de construcción concedida ni supone que las obras estén autorizadas para comenzar.
Riesgo para el entorno
El PSOE considera que la transformación del sector podría tener consecuencias sobre el paisaje costero y los servicios que utilizan los actuales residentes.
"Estamos ante un macro pelotazo que puede sepultar la playa del Cable bajo el hormigón y el cemento", ha manifestado Cristina Duque.
La concejala advierte de que la incorporación de más de 1.500 habitantes supondría un aumento de la demanda sobre las carreteras, las redes de alcantarillado, el abastecimiento de agua y el suministro eléctrico.
Los socialistas reclaman que las administraciones analicen la capacidad real de estas infraestructuras antes de dar nuevos pasos en el desarrollo residencial del entorno.
La formación también cuestiona el modelo de crecimiento que se pretende impulsar en Arrecife y considera que la planificación municipal debería prestar mayor atención al acceso a la vivienda de la población local.
"Lanzarote necesita controlar su crecimiento, proteger su territorio y facilitar el acceso a la vivienda", ha defendido Duque, quien rechaza que se amplíe la oferta residencial sin garantizar previamente la suficiencia de los servicios públicos.
Las declaraciones del PSOE no acreditan, por sí mismas, que las edificaciones invadan la playa ni que se hayan producido irregularidades urbanísticas.
Un plan de 5.000 viviendas
La polémica llega en un momento especialmente relevante para el futuro del urbanismo de Arrecife.
El Ayuntamiento lleva años trabajando en la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Supletorio, un documento cuya tramitación comenzó en 2012 y que pretende sustituir el marco urbanístico vigente.
El pasado 14 de octubre, el alcalde de Arrecife, Yonathan de León (PP), anunció que el Ayuntamiento había recibido el visto bueno del Gobierno de Canarias para continuar hacia la aprobación definitiva del documento.
El regidor explicó entonces que había ordenado convocar un pleno municipal para ratificar la aprobación y que esperaba su entrada en vigor durante las próximas semanas.
Según las previsiones difundidas por el Ayuntamiento, el planeamiento permitirá disponer de suelo para unas 5.000 nuevas viviendas en Arrecife, de las cuales aproximadamente 1.500 serían protegidas.
El documento también contempla 287.000 metros cuadrados de nuevas zonas verdes y la reorganización de cerca de medio millón de metros cuadrados de suelo industrial.
Desde el gobierno municipal se ha defendido el Plan General como una herramienta para ordenar el crecimiento de la capital, incrementar el suelo disponible y dar respuesta a la escasez de vivienda.
Vivienda y territorio
La denuncia sobre El Cable se suma al enfrentamiento entre el PSOE y el gobierno municipal por la política de vivienda de Arrecife.
Los socialistas cuestionaron recientemente los retrasos en las promociones públicas de Maneje, donde una primera fase contempla 201 viviendas y existía una segunda actuación proyectada de unas 200.
La formación acusa al ejecutivo municipal de no impulsar con suficiente rapidez el parque público de viviendas mientras avanza en desarrollos residenciales de iniciativa privada.
Por su parte, el Ayuntamiento ha defendido la necesidad de desbloquear suelo urbanizable y facilitar la construcción de nuevas viviendas como una de las respuestas a la crisis habitacional.
El debate sobre El Cable plantea así una cuestión que trasciende la confrontación política: cómo compatibilizar la necesidad de aumentar la oferta residencial con la protección del paisaje y la capacidad de los servicios públicos en una isla con fuertes limitaciones territoriales.
Por ahora, no consta una autorización de obras de las 521 viviendas señaladas por el PSOE ni una valoración específica del Ayuntamiento de Arrecife sobre las acusaciones formuladas este domingo.
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