El Tribunal Supremo ha rechazado un recurso de revisión presentado por la entidad Isla del Paraíso 2000 SL, propietaria de un hotel en Yaiza (Lanzarote), situado junto a Montaña Roja, para anular una sentencia de 2007 que invalidaba su licencia de construcción junto a otra veintena de establecimientos turísticos.
Fundación César Manrique
La Fundación César Manrique impulsó en su momento el proceso judicial y fue citada ahora por el Supremo, junto al Cabildo de Lanzarote y el Ministerio Fiscal, para personarse en la causa.
La fundación solicitó la inadmisión de la demanda por haberse presentado fuera de plazo (más de cinco años tras la sentencia firme). La empresa alegaba un nuevo documento sin fecha concreta.
La Fiscalía también pidió la inadmisión por falta de legitimación de los propietarios, incumplimiento de plazos y porque el motivo alegado no encajaba en este tipo de recursos.
Sentencia firme en 2007
El Tribunal Supremo recuerda que la sentencia es firme desde 2007 y por tanto está fuera del plazo legal para interponer un recurso extraordinario de revisión.
La empresa afirmó que conoció la sentencia en 2019, al recibir un informe del Ayuntamiento de Yaiza sobre su ejecución. Sin embargo, incluso contando desde esa fecha, el Supremo concluye que también ha caducado el plazo.
Los propietarios argumentan que nunca fueron emplazados debidamente y no pudieron participar en el pleito, lo que justificaría su falta de legitimación.
Una década de proceso
El TSJC anuló en 2007 las licencias de estos hoteles, iniciándose el proceso de ejecución. Los establecimientos debían presentar un proyecto para acogerse a los incentivos del Plan General de Yaiza de 2014. La corporación local valoró caso por caso si las licencias podían regularizarse.
Tras una década, solo quedan cuatro establecimientos sin legalizar, incluido este hotel, cuya solicitud de regulación fue rechazada en julio de 2024.
Obligación de demolición
La sentencia obliga a los propietarios a reponer la realidad física al estado original, lo que implica la demolición de las construcciones ilegales.
Los dueños propusieron cambiar de uso algunos bungalows, reducir 32 plazas alojativas y ocupar menos espacio, pero el Ayuntamiento no aceptó.
Entre las construcciones no reflejadas en el proyecto original están un lobby bar cerrado, tres pérgolas, un restaurante y otra estancia junto a la piscina.
En la misma situación están un teatro con lona, una torre de escalada, una pista de tenis, un supermercado, un campo de fútbol con grada, un miniclub y un parque infantil.