El Ayuntamiento de Tías se ha alzado contra una planta solar que la empresa RS IBERIA 23 quiere instalar en el municipio. Desde el consistorio rechazan que el Gobierno de Canarias haya declarado de interés general el proyecto Instalación solar fotovoltaica Tías I, lo que permite saltarse el planeamiento y acelerar el impulso de este tipo de instalaciones. 

La declaración de interés general en las instalaciones energéticas renovables es muy común y permite que, en base al artículo 6 bis de la ley del sector eléctrico canario, se pueda cambiar el planeamiento para facilitar estas instalaciones. Desde el ayuntamiento denuncian que el entorno donde se quiere situar la planta es incompatible, pero también avisan de que puede generar un impacto paisajístico significativo y que cuenta con un rechazo social acreditado.

En un escrito remitido al Ejecutivo autonómico, el Ayuntamiento solicita que se respete la autonomía municipal y la protección del suelo rústico de uso agrario, al entender que la aprobación del proyecto podría sentar un precedente que afecte al modelo territorial del municipio.

Cuestiona su encaje urbanístico

Según el Consistorio, la declaración de interés general entra en conflicto con el planeamiento urbanístico vigente y con la protección del suelo agrario de la zona. Asimismo, sostiene que la iniciativa carece de circunstancias excepcionales o de urgencia que justifiquen este procedimiento administrativo, según trasladan en un comunicado. Además, alertan de que tiene afecciones sobre infraestructuras públicas y de seguridad. 

La planta solar

El proyecto, promovido por la empresa RS IBERIA 23, prevé la instalación de una planta fotovoltaica de 1,176 MWp en la zona de Mácher. La actuación ocuparía una superficie de 28.721 metros cuadrados e incluiría 1.680 módulos solares, además de un centro de transformación y otras infraestructuras asociadas.

El Ayuntamiento insiste en que apoya el desarrollo de las energías renovables, aunque defiende que su implantación debe realizarse de forma planificada, con criterios de sostenibilidad territorial y en coordinación con las administraciones locales y la población afectada.