La demolición parcial del Hotel Princesa Yaiza, en Playa Blanca (Lanzarote), da un nuevo paso judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ordenado al Ayuntamiento de Yaiza contratar, "sin más dilación", la redacción del proyecto y la dirección de las obras necesarias para ejecutar una sentencia que anuló hace más de dos décadas la licencia con la que se construyó el establecimiento, entonces denominado hotel Son Bou.
El requerimiento llega después de años de procedimientos judiciales y administrativos sin que se haya ejecutado la demolición. En un auto fechado el 29 de octubre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo establece que el consistorio dispondrá de un año para redactar el proyecto. Una vez terminado, deberá licitar y contratar las obras, que tendrán que ejecutarse en un plazo máximo de dos años. El coste recaerá sobre la sociedad propietaria, Hotel Princesa Yaiza SA.
Además, el tribunal exige al alcalde de Yaiza que informe a la Sala, en un plazo de seis meses, sobre el estado de tramitación del procedimiento.
Una sentencia sin ejecutar
La resolución judicial ejecuta la sentencia del 31 de octubre de 2005, que anuló la licencia de obras que permitió levantar el establecimiento. El TSJC considera que su incumplimiento durante más de dos décadas ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva.
Los magistrados advierten de que no se puede permitir que la ejecución de una sentencia firme quede indefinidamente condicionada por la presentación sucesiva de solicitudes de legalización y recursos judiciales. A su juicio, esa dinámica ha convertido los procedimientos en un «mecanismo de dilación permanente del cumplimiento del fallo».
La Sala atribuye responsabilidades tanto al Ayuntamiento de Yaiza como a la empresa propietaria. En este sentido, sostiene que ninguna de las partes puede decidir unilateralmente el ritmo o la posibilidad de ejecutar una resolución judicial firme.
El tribunal recuerda también que un acuerdo municipal del 22 de enero de 2016 ya declaró imposible legalizar el edificio y ordenó restituir la legalidad urbanística mediante su demolición. Sin embargo, diez años después de aquel acuerdo, los trabajos todavía no se habían iniciado.
Rechaza los recursos del hotel
El auto desestima los dos recursos de revisión presentados por Hotel Princesa Yaiza SA contra las resoluciones que habían requerido al Ayuntamiento ejecutar la demolición. La Sala considera que se trata de actuaciones «dilatorias encaminadas a prolongar de manera artificial la tramitación» del procedimiento.
Respecto al segundo recurso, los magistrados sostienen que la «mala fe procesal y abuso de derecho resultan aún más patentes». Por ello, imponen a la empresa las costas de ambos recursos, fijadas en 300 euros.
La resolución también rechaza la petición de la propietaria de suspender la ejecución hasta que exista un nuevo planeamiento urbanístico en Yaiza. La empresa alegaba que la anulación del Plan General de Ordenación Supletorio generaba incertidumbre sobre las normas aplicables al establecimiento.
Sin embargo, el TSJC considera que la posibilidad de que una futura ordenación urbanística permita conservar lo que una sentencia firme ordenó demoler no justifica paralizar su cumplimiento. Los magistrados recuerdan que una expectativa de cambio normativo no constituye una imposibilidad legal o material para ejecutar una resolución judicial.
Más del 60% de lo construido
El tribunal estima parcialmente el incidente promovido por el propio Ayuntamiento de Yaiza en noviembre de 2024 para determinar cómo debía llevarse a cabo la demolición. La propuesta municipal se apoyaba en un informe técnico elaborado por un arquitecto y plantea una fórmula para ejecutar los trabajos.
La Sala asume la solución defendida por la Fundación César Manrique, que consiste en encargar el proyecto conforme a ese informe y licitar posteriormente las obras. No obstante, amplía los plazos inicialmente propuestos por la fundación debido a la «especial complejidad técnica» de las demoliciones.
El auto recoge asimismo los argumentos de la Fundación César Manrique sobre la dimensión de los incumplimientos urbanísticos. La entidad sostiene que el exceso de edificabilidad es de «casi el triple» y que, para adaptar el edificio a la normativa, sería necesario demoler más del 60% de lo construido. El porcentaje figura como una estimación de la fundación, mientras que la parte dispositiva del auto remite a la propuesta del informe técnico para concretar los trabajos.
La resolución también recoge la advertencia de la fundación de que el hotel continúa abierto al público y en pleno funcionamiento pese a la anulación judicial de la licencia que autorizó su construcción.
Por último, el TSJC recuerda que al establecimiento no le resultan aplicables los incentivos a la renovación y recualificación turística, una cuestión que ya había resuelto la propia Sala en su sentencia 88/2022 y que constituía el principal motivo de discrepancia de la empresa con el informe técnico.
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