Canarias se encamina a cerrar 2025 con cifras históricas. Récord de turistas, récord de ocupación hotelera, récord de ingresos agregados. El Archipiélago vuelve a demostrar su fortaleza como destino global. Y, sin embargo, bajo esa superficie de éxito, persiste una sensación incómoda: no estamos convirtiendo el crecimiento en bienestar estructural, ni en vivienda accesible, ni en estabilidad económica de largo plazo.

Este contraste debería obligarnos a una reflexión serena al final del año. No ideológica, no partidista. Una reflexión sobre qué estamos haciendo con las herramientas que tenemos y, sobre todo, qué errores estamos repitiendo a pesar de la evidencia acumulada.

Uno de esos errores tiene nombre propio: la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) y su relación con la vivienda.

El error que el tiempo dejó en evidencia

En 2006 se tomó una decisión que, vista con perspectiva, merece ser revisada sin complejos: se eliminó la posibilidad de invertir la RIC en vivienda, bajo el argumento de que hacerlo sería inflacionista. La tesis era sencilla y bienintencionada: incentivar inversión en vivienda elevaría los precios.

Han pasado casi veinte años desde entonces. Durante ese tiempo, la RIC no se ha podido destinar a vivienda. Y, sin embargo, los precios no han dejado de subir. El alquiler se ha tensionado, la oferta se ha reducido y el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y económicos de Canarias.

La evidencia empírica es clara: retirar inversión incentivada no evitó la inflación inmobiliaria. El problema vino por otros factores bien conocidos: falta de suelo, rigidez normativa, insuficiente vivienda pública, crecimiento demográfico y una demanda que nunca encontró respuesta suficiente en forma de nueva oferta.

El miedo inflacionista de 2007 no se materializó. Lo que sí se materializó fue otra cosa: la retirada del capital local de un sector estratégico.

Tres realidades, tres respuestas distintas

Canarias necesita vivienda. Pero no una sola vivienda, ni una sola política. Necesita respuestas diferenciadas para realidades distintas.

La población sin recursos debe ser atendida por la Administración. La vivienda pública no es opcional: es una obligación. Y ninguna herramienta fiscal privada puede ni debe sustituirla.

La clase media, en cambio, lleva años atrapada en un limbo. No accede a vivienda protegida, pero tampoco encuentra suficiente oferta en el mercado libre a precios compatibles con sus ingresos. Este segmento ha sido uno de los grandes damnificados de la falta de inversión sostenida en alquiler residencial.

Y en el segmento alto del mercado, la consecuencia de la retirada de inversión local ha sido aún más clara: la vivienda de mayor valor ha pasado progresivamente de manos canarias a manos extranjeras. No por ideología, sino por capacidad financiera. Cuando el capital local no tiene herramientas, otros ocupan ese espacio.

En un territorio insular, la propiedad no es un detalle menor. Es renta futura, capacidad de decisión y estabilidad económica. Ya ocurrió en el sector hotelero. Repetir el mismo patrón en el residencial sería un error estratégico.

La RIC no es política social (y no debe serlo)

Uno de los grandes malentendidos del debate actual es exigirle a la RIC lo que no es. La RIC no es una política de vivienda social, ni un mecanismo de control de precios. Es un instrumento fiscal para convertir ahorro tributario en inversión productiva local.

Pretender que la RIC solo sea aceptable si impone límites administrativos al valor de la vivienda o al precio del alquiler equivale a transformar un incentivo de inversión en una herramienta de intervención económica, algo para lo que no fue diseñada.

La vivienda social se hace con suelo público y presupuesto público. La vivienda de mercado se hace con inversión privada. Confundir ambos planos solo conduce a la parálisis.

La gran contradicción que nadie quiere mirar

Mientras se discute con intensidad si la RIC puede invertirse en vivienda sin límites de valor o renta, pasa prácticamente desapercibido que hasta el 50 % de la RIC puede destinarse a deuda pública.

Conviene decirlo con claridad: la Administración no necesita la RIC para financiarse. Tiene acceso a mercados de deuda, financiación bancaria, fondos estatales y europeos. La deuda pública no crea activos nuevos, no amplía el parque de vivienda y no incrementa la oferta de alquiler.

Cada euro de RIC que se destina a deuda pública es un euro que no llega a proyectos productivos reales, a vivienda en alquiler, a rehabilitación o a nueva oferta residencial. Y, sin embargo, ese uso apenas se cuestiona.

Si el criterio fuera realmente “actividad productiva real”, la deuda pública sería mucho menos defendible que la inversión en vivienda destinada al alquiler estable.

2026: decidir con la evidencia, no con prejuicios

Cerrar 2025 debería servir para algo más que celebrar récords turísticos. Debería servir para decidir qué Canarias queremos construir en 2026.

Una Canarias donde el capital local tenga herramientas para invertir, construir y mantener la propiedad en las Islas. O una Canarias donde se desincentive la inversión productiva privada mientras se normaliza que el principal incentivo fiscal termine financiando deuda sin retorno tangible.

La RIC no es la solución a todos los problemas de vivienda. Pero excluirla de la ecuación ya se probó durante casi veinte años. Y fracasó.

Persistir en el mismo camino, ahora con la evidencia en contra, no es prudencia. Es una elección. Y las elecciones económicas, aunque no siempre se presenten como tales, dibujan el futuro del territorio que habitamos.

Entrar en 2026 exige menos dogma y más realidad. Menos miedo a invertir y más voluntad de construir un mercado de vivienda que funcione para todos. Porque Canarias no solo debe batir récords de visitantes. Debe ser, ante todo, un buen lugar para vivir, invertir y permanecer.