La pasada semana se ratificó el acuerdo entre patronal y sindicatos para el empleo y la negociación colectiva durante el periodo comprendido entre 2023 y 2025. Lo más relevante, un alza del 4% para este año y del 3% para los dos siguientes, además se incluye una cláusula de revisión de hasta el 1% adicional sujeta al avance de la inflación. Eso sí, sobre incentivar la productividad, nada de nada, algo que no beneficia al Archipiélago.

Frente al histórico problema de Canarias con el desempleo, en 2022 fuimos la región que presentó los mejores datos en creación de empleo y disminución de parados. Una vez vistos los datos, vemos que el problema toma otro cariz. Es la falta de productividad lo que lastra nuestra economía con una acentuada caída en los últimos 20 años.

La productividad se mide en términos de la cantidad de trabajo que se realiza en un período determinado (hora, día o mes). Asimismo, las actividades que se conocen como de alto valor añadido son aquellas cuya productividad genera mayor valor para la economía que la de otra actividad. Así pues, una hora de trabajo de un abogado top especializado en materia penal o la de un futbolista de élite tienen más valor añadido porque el mercado está dispuesto a pagar más esa hora que la de otras actividades. Además, su capacidad de ser reemplazados por otros trabajadores es más baja que la de las actividades de bajo valor añadido y fácilmente reemplazables.

¿A qué se debe esta caída de productividad?

Principalmente a la estructura económica de Canarias, que es intensiva en sector servicios, sobre todo en alojamiento y hostelería, dos de los sectores con menos productividad en el conjunto de la economía y que, si bien aportan mucho al tejido económico de las islas, no se ha hecho suficiente por complementarla con otras actividades que generen mayor valor y que se aprovechen tan bien de las condiciones únicas del Archipiélago como el turismo.

En este sentido, me gustaría recomendarles la entrevista que hizo Atlántico Hoy a Ignacio Ruiz-Jarabo hace 10 días y en las que exdirector de la Agencia Tributaria reconocía como las restricciones y limitaciones de la ZEC no habían permitido desarrollar la economía canaria y a sus habitantes haber disfrutado del desarrollo que sí se ha dado en otras regiones con ventajas fiscales de calibre, a priori, similar.

En lugar de un desarrollo económico fruto de atraer y fomentar la creación de empresas de alto valor añadido hemos tomado el camino de engordar el gasto público con todo lo que ello supone para la creación de riqueza y el fomento (¿o debería decir desincentivación?) de la actividad económica.

La UE pide las facturas, España se hace el loco

Relacionado con esto último, hace un par de días, nos llegaba la noticia de que la Comisión Europea está mosca con España porque no sabían dónde han ido a parar 40.000 millones recibidos, 11.500 de ellos que le entregaron a nuestro gobierno en 2021. Los famosos fondos Next Generation. ¿Se acuerdan? Parece que ha pasado un siglo y no hace ni dos años.

Monika Hohlmeier, presidenta del Comité de Control Presupuestario del Parlamento Europeo (CONT), pidió explicaciones hace tres semanas y que no había recibido ningún dato, más allá de decir que el dinero efectivamente se había recibido y se había repartido a las Comunidades Autónomas.

Como si de un chiste del mítico Gila se tratase: “¿El dinero? Sí, lo recibimos, 40.000 millones. Estaba todo. Gracias".

Hohlmeier está preocupada porque tiene sospechas de que esos fondos de recuperación han sido destinados a partidas de gasto corriente y no a proyectos con valor añadido europeo. Por ello quiere saber cuánto dinero ha ido a parar a la economía real: hospitales, digitalización, temas medioambientales, etc.

Yo le diría a la presidenta del CONT que no se preocupe, que a buen seguro esos fondos han ido a parar a proyectos verdes, resilientes y progresistas.