La reciente propuesta del Partido Popular de creación de una comisión de investigación en el Senado sobre Radiotelevisión Española abre un debate siempre actual acerca de la independencia que se le presupone a los medios de comunicación de titularidad pública. El Partido Popular pretende cuestionar la actual línea informativa de RTVE en lo que parece una suerte de tutela hacia los profesionales de RTVE y quizás persiga un efecto disuasorio sobre el ejercicio del periodismo, algo que choca frontalmente con el artículo 4.2 del Reglamento Europeo 2024/1083 sobre la libertad de medios de comunicación, en vigor desde el pasado agosto de 2025 y de obligado cumplimiento para el conjunto de países de la UE. Viene a decir este Reglamento que los países miembros, incluidos las autoridades y organismos reguladores, no podrán interferir ni tratar de influir en las políticas y las decisiones editoriales de quienes prestan los servicios públicos de medio de comunicación.
Traído este asunto a Canarias, resulta cuanto menos paradójico el papel de la misma formación política, el Partido Popular, con la ley que actualmente se tramita en el Parlamento sobre el sector audiovisual público de las islas, o dicho de otra manera, la ley que va a regir el presente y futuro de la Radiotelevisión Canaria (RTVC). Los populares, de momento meros espectadores, parecen avalar que en Canarias esta ley permita, por ejemplo, que tras su aprobación, los cargos directivos de RTVC puedan ser designados por la Junta de Control, órgano espejo de la representación parlamentaria. La nueva norma eliminaría de un plumazo los concursos públicos de méritos y capacidades que hasta ahora exige la ley vigente para designar puestos tan sensibles a la manipulación como la dirección de informativos.
Coalición Canaria, socio de los populares, ha criticado con dureza presuntos amaños en procesos de elección del pasado, cuando quien gobernaba Canarias lo hacía en virtud de la floración de un tripartito. Ahora este Gobierno formado por CC y PP con el apoyo puntual de Herreños, Gomeros y de alguna escindida de VOX ahora en el grupo mixto, parece dar a entender que la solución a estos supuestos amaños nunca denunciados ante los organismos competentes es la designación a dedo, algo incomprensible y, me atrevería a decir, indefendible.
Marco europeo
No se puede defender porque este camino es totalmente contrario al citado Reglamento Europeo, que trata de poner coto a las indeseables injerencias políticas, a erradicar no solo por Europa, sino hasta por las plantillas de prácticamente todas las radiotelevisiones públicas españolas, que ya hasta se han constituido en una plataforma en defensa de estos y más valores, que tratan de recuperar la dignidad y los valores democráticos en unos medios de comunicación que, no olvidemos, no les pertenecen ni a las personas trabajadoras ni a los Gobiernos, pero sí a la ciudadanía, que son quienes los sostienen con sus impuestos y quienes tienen también el derecho a recibir una información veraz e independiente, tal y como dicta la Constitución Española.
A vueltas con el caso de RTVE, las comparaciones son odiosas, y es que aquella corporación cuenta desde hace años con un Consejo de Informativos, órgano independiente que vela por la libertad del medio aclamada por la Unión Europea. Ese Consejo de Informativos, formado por profesionales del ente público elegidos por sufragio universal, entra en el fondo y en la forma de los contenidos informativos de RTVE. Tal es así que, en ocasiones, han señalado lo que consideran malas prácticas promovidas por la actual presidencia de la corporación, con lo que su independencia está fuera de toda duda.
Si volamos de regreso a Canarias, nos encontramos con que al actual Gobierno, en donde insisto está el Partido Popular como socio importante, le está costando un mundo incluir en la nueva ley un órgano similar. Lo más parecido es lo que llaman Comité de Profesionales de la Información, pero a las personas trabajadoras de RTVC no nos queda claro ni siquiera si eso se traduciría en que sus miembros fuesen elegidos democráticamente o si, por el contrario, las personas encargadas de velar por unas buenas prácticas informativas serían designadas también por la Junta de Control, es decir, a dedo. Algo que, como entenderán, se parece al ejemplo de RTVE como un huevo a una castaña.
Con el argumento de que RTVC sea una máquina imparable ante nada ni nadie, también recoge la ley que la Dirección General permita aprobar gastos en contratos de hasta 1,5 millones de euros sin necesidad de buscar un informe positivo en la Junta de Control. Volviendo a comparar, resulta que en RTVE, con un presupuesto de más de 1.200.000 frente a los 70 millones de RTVC, la cantidad de la que dispone su presidente sin la obligatoriedad de buscar el sí del Consejo de Administración apenas llega a los 2 millones de euros.
Ley en trámite
Cierto es que la ley canaria aún no ha visto la luz, pero los grupos políticos, tanto los que conforman el Gobierno como los de la oposición, deberían revisar estos y más puntos, ya que, de lo contrario, nos podríamos encontrar con una de las leyes de medios de comunicación públicos más regresivas del Estado español. Cuando hace unos meses el órgano consultivo la tachaba de inconstitucional en varios de sus artículos, no exageraba, y eso lo saben también los sindicatos que están participando en la negociación de las enmiendas a presentar al proyecto de ley, cuya fecha límite está fijada en el próximo 22 de abril.
Hasta donde llegue el Gobierno con las propuestas de cambios de las personas trabajadoras y de la oposición, a día de hoy es una incógnita. Eso sí, la tarjeta de visita, insisto, presentada también por el mismo Partido Popular que pide comisiones a nivel nacional, dista mucho de una ley que proteja el servicio público y contribuya a una mejor calidad democrática. El doble discurso del Partido Popular en donde gobierna y en donde ejerce la oposición, como las mentiras, tiene las patas muy cortas