Miles de agresiones al año, agentes heridos cada día y una evidencia incómoda: quienes garantizan la seguridad siguen sin ser considerados profesión de riesgo.

En España, ser policía nacional o guardia civil no está considerado oficialmente una profesión de riesgo. No lo es, al menos sobre el papel. Pero la realidad insiste en desmentirlo: en 2024 se registraron cerca de 16.878 atentados contra la autoridad —entre agresiones y amenazas—, una cifra que deja una consecuencia difícil de relativizar: catorce agentes heridos cada día en acto de servicio.

No es una percepción. Es una evidencia.

Distintos cuerpos

Aun así, este reconocimiento sí existe para otros colectivos: policías autonómicas, policías locales, bomberos o incluso profesiones artísticas. La comparación no pretende restar mérito a nadie, pero sí plantea una pregunta incómoda: ¿qué criterio se está utilizando realmente?

Porque resulta difícil explicar que quienes están obligados a intervenir en situaciones violentas, asumir enfrentamientos físicos constantes y, llegado el caso, anteponer la seguridad de los demás a su propia vida, no sean considerados como profesionales expuestos a un alto nivel de peligro. Pero la dificultad no comienza únicamente cuando actúan. El simple hecho de portar un arma de fuego de servicio implica asumir una responsabilidad extrema y una exposición permanente. No se trata solo del momento de la intervención, sino de una carga constante —legal, física y psicológica— que acompaña al agente durante toda su jornada, e incluso fuera de ella.

Ese compromiso no es simbólico. Se formaliza en un juramento solemne de servicio, lealtad y sacrificio que define la esencia misma de la profesión.

Brecha salarial

A esta realidad se suma otra difícil de justificar: la brecha salarial entre cuerpos policiales. Mientras agentes de policías autonómicas como la Ertzaintza o los Mossos d’Esquadra pueden percibir entre 8.000 y 12.000 euros más al año —llegando en algunos casos a diferencias cercanas a los 1.000 euros mensuales—, los miembros de Policía Nacional y Guardia Civil continúan situándose en franjas salariales significativamente inferiores.

La cuestión vuelve a plantearse: ¿responden estas diferencias al nivel de peligro, responsabilidad y exigencia del puesto… o a otros factores?

Mientras en muchos países europeos la presencia policial y militar en la calle se percibe como un elemento de seguridad y cohesión, en España sigue generando incomodidad en determinados ámbitos políticos. Persiste, en algunos sectores, una visión que tiende a asociar estos cuerpos con conceptos como militarización o exceso de fuerza, en lugar de reconocer su papel esencial en la protección de la ciudadanía.

Decisiones condicionadas

Ese “complejo” tiene consecuencias. Condiciona decisiones, limita el reconocimiento institucional y, en ocasiones, transmite un mensaje ambiguo: que quien garantiza el orden público debe hacerlo casi pidiendo permiso para ejercer su propia autoridad.

A ello se suma un modelo policial fragmentado, con distintos cuerpos y competencias que en ocasiones se solapan. Asociaciones profesionales llevan años señalando duplicidades e ineficiencias que no contribuyen ni a mejorar el servicio ni a reforzar la imagen de quienes lo prestan. Porque conviene no olvidarlo: cuando todo falla, cuando hay amenaza real, cuando la violencia deja de ser una palabra y se convierte en un hecho, son ellos quienes acuden. Y lo hacen sin que su profesión esté oficialmente considerada como lo que es: una actividad de alto riesgo.

Quizá ha llegado el momento de revisar no solo una clasificación administrativa, sino también una actitud colectiva. Porque el respeto institucional no debería depender de equilibrios políticos, ni el reconocimiento de la peligrosidad de interpretaciones ideológicas.

Debería basarse, simplemente, en la realidad. Y la realidad, por mucho que se evite, sigue siendo incontestable.