Opinión

Sucesiones y donaciones: una cuestión de clase media

Emprendedor y empresario

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El lunes pasado, el Consejo de Gobierno de Canarias dio su aprobación a un decreto-ley que establece una bonificación del 99,9% en el impuesto de sucesiones y donaciones. Esta medida, promovida por el gobierno formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, tendrá un impacto principalmente en el ámbito de las sucesiones, beneficiando a familiares cercanos como hijos, cónyuges, tíos y sobrinos. Sin embargo, es importante señalar que no se aplicará a familiares de tercer o cuarto grado ni a personas externas en el caso de las donaciones.

Si bien el impuesto de sucesiones se implementa con la intención de redistribuir la riqueza y garantizar la igualdad económica, es importante considerar el argumento de la doble imposición. Este impuesto puede resultar en una carga fiscal adicional sobre activos que ya han sido gravados previamente, lo que plantea preguntas sobre su equidad y eficacia.

Beneficios de la bonificación

Estimular la inversión y el emprendimiento: La derogación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones podría motivar a las personas a invertir y emprender más, sabiendo que sus activos pueden pasar de manera más eficiente a sus herederos o destinatarios sin una carga fiscal significativa. Esto podría impulsar la economía.

Fomentar la movilidad económica: Al eliminar este impuesto, se facilita la transferencia de activos entre generaciones, lo que podría permitir a las personas más jóvenes acceder a la vivienda de manera más asequible y avanzar en la movilidad económica. Muchos jóvenes (y no tan jóvenes) no tienen por qué estar tan preocupados en hipotecarse y pueden utilizar ese dinero en un alquiler.

Esa inversión que no acomete en una nueva vivienda se puede llevar a cabo en autorrealización (formación, salud física, salud mental, etc.). Estimula también al mercado de bienestar, actividades físicas, realización personal, estudios, universidades, másteres, academias, etc.

Reducir la planificación fiscal compleja: La derogación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones eliminaría la necesidad de complejas estrategias de planificación fiscal que algunas personas utilizan para reducir su carga tributaria, lo que simplificaría el sistema fiscal. Al final, las personas con más recursos podían llevar a cabo este tipo de estrategias. Sin embargo, las personas con menos recursos tenían, en muchas ocasiones que renunciar a las herencias de su familia o a malvender propiedades que sus familias habían pagado con gran esfuerzo durante años por no poder hacer frente al impuesto. Hasta 2.000 canarios renunciaron el año pasado a su herencia por no poder hacer frente a las bases liquidables declaradas en el impuesto.

Defectos de la bonificación

Desigualdad y concentración de la riqueza: Uno de los principales defectos de eliminar este impuesto es que podría agravar la desigualdad económica y contribuir a la concentración de la riqueza en manos de unas pocas familias adineradas. Sin un impuesto efectivo sobre las herencias y donaciones, las fortunas podrían acumularse sin restricciones, lo que podría perjudicar la equidad económica.

Sin embargo, soy de los que creen que tal como se plantea, es una barrera de entrada para las clases medias, no para las más pudientes, ya que estas pueden acceder a vehículos fiscales más complejos e intrincados con los que pagar menos impuestos, por lo que el sentido de dicho gravamen pierde efectividad y castiga a quien no puede permitirse ese tipo de asesoramiento.

Impacto en los ingresos del Estado: El Impuesto de Sucesiones y Donaciones aporta ingresos significativos a los gobiernos locales y estatales. Su derogación podría resultar en una pérdida de ingresos importante que requeriría compensación a través de otros impuestos.

En el caso del gobierno de Canarias se estima que dejará de recaudar unos 18 millones de euros, que no parece una cantidad excesiva en su presupuesto (más de 10.000 millones).

Conclusión

Si los gobiernos desean mantener el impuesto de sucesiones, podrían considerar la introducción de reformas que minimicen la doble imposición, como la elevación de umbrales de exención, la implementación de tasas impositivas más bajas o la creación de deducciones específicas para ciertos activos familiares.

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