El Grupo Popular llevó al Pleno del Cabildo de Gran Canaria del pasado mes de enero una moción en la que instaba al gobierno de NC y PSOE a lanzar una línea de subvenciones de al menos cuatro millones de euros para que las comunidades de vecinos de bloques de viviendas antiguos, cuyos propietarios declaren una renta inferior a tres veces el IPREM, pudiesen optar a una ayuda para realizar obras de rehabilitación y/o mejora de la accesibilidad en sus edificios. Hablamos de vecinos en muchos casos mayores o con problemas de movilidad que no disponen de recursos económicos suficientes para afrontar las derramas, de una media de 100.000 euros, y poder así instalar sillas salvaescaleras o ascensores.

El drama de Casablanca I

En el citado Pleno intervino un vecino del barrio capitalino de Casablanca I, Juan Carlos García, que padece esclerosis múltiple, y que compró su casa en el año 2009 cuando aún no sufría esta enfermedad. En su intervención explicó que la vida en su propia casa se había convertido en un auténtico “calvario”, y pedía empatía a los políticos para aprobar estas ayudas destinadas a la rehabilitación de edificios residenciales, de más de cuarenta años en algunos casos, y cumplir con la normativa en materia de accesibilidad. Es imposible que un jubilado o un pensionista por enfermedad puedan asumir las derramas para instalar un ascensor.

El Grupo Popular lo que pretendía con su moción es que el Cabildo de Gran Canaria, que dispone de muchísimos millones de euros ociosos en cuentas corrientes, acumulados en los bancos por falta de gestión e inejecución presupuestaria, estableciera esta línea de ayudas para las comunidades de vecinos de todos los municipios de la Isla. Ya que por otra parte, este Cabildo tiene un Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, con un presupuesto irrisorio, apenas 9,2 millones de un montante total de 1.055 millones –un ínfimo 0,80%–, de los que casi 900.000 euros van a gastos de personal.

La respuesta de la administración

La realidad, en definitiva, es que hoy muchas personas viven en este tipo de viviendas en prácticamente todos municipios de Gran Canaria, y el Cabildo de Gran Canaria no debería mirar para otro lado y dar la espalda a esta realidad. Las ayudas a la accesibilidad que proponemos no son un capricho sino una necesidad para un buen número de familias.

En este tipo de viviendas son los administradores de las fincas los que pueden moverse para encargar los proyectos y presentarse a las subvenciones. Sin embargo, el consejero responsable de Vivienda, Augusto Hidalgo, lo que hizo en su intervención fue tirar balones fuera: que si no es su competencia, que si el Cabildo cada dos años convoca unas subvenciones para obras de reparación a familias en situación de vulnerabilidad, que si cada dos años convoca otras para accesibilidad… Pero no dijo que siempre se quedan fuera muchos solicitantes que a pesar de cumplir los requisitos no reciben la ayuda por “agotamiento del crédito”.

Excluidas por falta de crédito

En el caso de las subvenciones 2024 para obras de primera necesidad, con un presupuesto total de 778.000 euros y ayudas que van de los 1.800 a los 18.000 euros, se beneficiaron 147 personas pero otros 120 solicitantes se quedaron fuera. En la otra línea para obras de mejora de la accesibilidad, dotada con 870.000 euros en la convocatoria 2025, se concedieron 113 ayudas, desde 1.000 hasta un máximo de 15.000 euros, quedándose fuera 47 solicitudes que también cumplían. Este es el único apoyo económico que presta el Cabildo de Gran Canaria a estas personas, y ni siquiera son convocatorias anuales, sino bianuales.

Aun así, el ex alcalde capitalino Augusto Hidalgo se llena la boca y presume por el proyecto de las 63 viviendas que se está ejecutando en el barrio de El Secadero, el único que ha promovido el Cabildo en más de una década, y saca pecho también por el convenio que acaban de suscribir el Consorcio con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para levantar otras 240 viviendas en Las Torres, cuando este año apenas se destinarán 100.000 euros de un presupuesto total de 39,6 millones de euros, por lo que pasarán muchos años, o lustros, hasta que este proyecto sea una realidad.

Además, si Augusto Hidalgo es tan eficaz en el Cabildo de Gran Canaria como lo fue en el Consistorio capitalino con la ejecución de las primeras viviendas del Plan de Reposición de Las Rehoyas, como dice el refranero español, apaga y vámonos. Y si no, que le pregunten a los vecinos, que están desesperados pues ven sus viviendas terminadas pero sin entregar desde hace más de un año. Y todo porque no estaban previstas las obras de acceso al parking del edificio, las luminarias, etc…

Proyectos en el olvido

Y volviendo a las promesas del Cabildo de Gran Canaria en materia de vivienda, ¿dónde están las 300 viviendas –un 10% en régimen de vivienda colaborativa– que se iban a construir en una parcela de 9.000 metros cuadrados en la Feria del Atlántico anunciadas en marzo de 2023 por la entonces consejera de Podemos Conchi Monzón? Pues eso, nada de nada, otro proyecto propagandístico que se ha quedado en el baúl de los recuerdos.

Es el momento de que el Cabildo aspire no sólo a la construcción de vivienda nueva, sino también a la rehabilitación y mejora de la accesibilidad de estas viviendas antiguas, además de adecentar las fachadas y eliminar barreras arquitectónicas para adaptar los viejos edificios a la normativa vigente en materia de seguridad y eficiencia energética.

Conducta autoritaria

De la misma forma que el gobierno de NC y PSOE otorga cada año más de 800 subvenciones nominativas, a dedo, lo que solicitamos desde el Partido Popular es facilitar todo lo posible la vida a los grancanarios que viven en sus casas encerrados, sin poder salir, con enfermedades como la ELA, o personas que han perdido la visión y tampoco pueden salir de sus hogares.

Para este Cabildo, el problema no son los cuatro millones de euros que proponíamos en nuestra moción, sino la falta de voluntad del señor Hidalgo, que en el Pleno llegó a decir que no entendía cómo esta iniciativa se había incluido en el orden del día. Debe ser que recordó su etapa de alcalde cuando censuraba y excluía de forma arbitraria mociones, comparecencias y ruegos solicitados por el PP municipal. Una conducta autoritaria que nos obligó a recurrir a la justicia, que finalmente nos dio la razón y condenó en costas al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Compromiso con la accesibilidad

Desde el Grupo Popular en el Cabildo grancanario si tenemos empatía y sensibilidad con vecinos como Juan Carlos García que se ven obligados a vivir cada día con estas barreras. Él es un ejemplo claro de lo que le sucede a muchos más grancanarios, que viven como en una cárcel en su propia casa por la falta de accesibilidad en estos edificios antiguos.

Por todo ello, una vez más queremos comprometernos públicamente a mejorar la vida de nuestra gente, estableciendo convocatorias públicas de subvenciones con bases que respeten la concurrencia, la igualdad y la transparencia para que las comunidades de vecinos se puedan beneficiar y ejecutar las obras necesarias que terminen con el calvario diario que sufren muchas personas como Juan Carlos. Como le dije en el Pleno al señor Hidalgo, si fuese su madre o la mía las que sufrieran esta situación seguro que el problema ya se habría solucionado.

Pepa Luzardo, consejera y portavoz adjunta del Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria