289 familias protagonizan una lucha incansable en Lomo Los Frailes. Piden ser propietarias de sus viviendas como les prometieron hace 27 años, cuando un decreto aprobado por el Gobierno de Canarias dio la opción de comprar las casas si se pagaba la mitad del inmueble.

El tiempo pasó y el plan cayó en saco roto después de que el anterior Ejecutivo regional tumbara la norma en 2023. Una década antes, varios vecinos recibieron un documento donde se reconocía que ya habían abonado el 50% del coste. Solo quedaba esperar por las escrituras.

Derecho a compra

Todo empezó como una ayuda al alquiler de 212.822 pesetas (1.279 euros) anuales en 1995 —aunque la cantidad podía variar—. Así fue hasta que salió el decreto ley 114/1999, un texto que permitía adquirir la vivienda. Mientras tanto, la casa sería propiedad del Gobierno.

“Legitimada la opción a compra, la vivienda podrá ser adquirida en compraventa, una vez que la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas dicte la correspondiente orden departamental”, recoge un anexo del contrato de arrendamiento firmado en el año 2000.

Con el pago completado

Para que nadie se pierda, un breve resumen: el adjudicatario de la casa pagaba la mitad y la administración pública el resto a través de una subvención. El valor total era de 5.881.590 pesetas —o. lo que es lo mismo, 35.349,07 euros—. La siguiente novedad llega en el 2014.

Ayoze Santana, presidente de la Plataforma 289 Vivienda por Derecho, cuenta a Atlántico Hoy que aquel año muchos vecinos fueron notificados por el Gobierno canarios avisándolos de que habían llegado al tope y ahora tendrían que recibir las escrituras de la propiedad.

¿Y las escrituras?

Asegura que no todos los vecinos han completado el pago, pero quien no ha terminado está a punto de hacerlo porque la cuantía de la ayuda variaba según los ingresos de cada unidad familiar. ¿El problema? Las escrituras nunca llegaron y en 2023 la realidad se dio la vuelta.

El Gobierno canario, con Ángel Víctor Torres (PSOE) como presidente, derogó el decreto ley 114/1999, lo que hizo regresar a los vecinos al alquiler social sin opción a compra.

Santana dice que el Ejecutivo actual justifica la decisión por la falta de vivienda y la crisis habitacional. Es decir, si el parque público de vivienda se pone a la venta, disminuirá el número de casas en un momento de escasez.

Carta de VISOCAN

El presidente de la Plataforma 289 Vivienda por Derecho emplaza al Gobierno autonómico, encabezado ahora por Coalición Canaria (CC), a darle la vuelta a la situación porque, dice, el decreto que permitía la compra fue aprobado por un ejecutivo del mismo color político.

Este viernes, los vecinos recibieron una carta firmada por VISOCAN —empresa pública del Gobierno de Canarias— que advierte de que “el pago de las rentas estipuladas en el contrato debe realizarse de manera puntual” y que el incumplimiento puede acarrear sanciones.

"No se prevé la venta"

Sobre adquirir las viviendas protegidas, detalla que el decreto 114/1999 está derogado y que, hasta la fecha, esa la promoción de viviendas no ha sido ofertada para su venta.

“Cabe recalcar que el hecho de haber abonado hasta la fecha una cantidad equivalente al 50% del precio no implica en ningún caso un derecho automático de adquisición”, recoge la carta.

¿El motivo? “No existe previsión alguna por parte del Instituto Canario de la Vivienda de ofertar la venta de este grupo de viviendas”. “En consecuencia, el régimen de alquiler y las obligaciones contractuales continúan plenamente vigentes, siendo imprescindible mantener el cumplimiento de los pagos en los términos establecidos en el contrato”, apostilla.

"Seguiremos luchando"

Santana apunta que, a pesar de todo, no han perdido la esperanza. “Vamos a seguir luchando, hemos creado una plataforma, tenemos asesoramiento legal y vamos a llegar a donde haga falta”, resalta el representante de los vecinos.

“Supone un desgaste moral enorme. Hay vecinos que han fallecido esperando esas escrituras con la ilusión de dejar algo a sus hijos y nietos. Estamos hablando de tener un techo, un derecho recogido en la Constitución”, concluye.