El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la empresa pública Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (GEURSA), cerró el pasado lunes la adjudicación del contrato para culminar 74 viviendas de alquiler social en Tamaraceite Sur. La resolución formaliza la contratación de la obra por un importe final de 9.896.612,18 euros, destinando los fondos a desbloquear un edificio residencial clave para la oferta pública de la capital grancanaria.
La adjudicataria del concurso ha sido la compañía Construplan, Construcciones y Planificación, S.L.U., que se impuso entre un total de cuatro ofertas presentadas por distintas pymes. La empresa ha asumido el compromiso de recortar en tres meses el plazo inicial previsto de licitación, fijando en diez meses la ejecución completa de los trabajos tras la firma del contrato, programada entre el 1 y el 15 de septiembre de 2026.
Alcance de los trabajos
La actuación permitirá completar una infraestructura que actualmente solo se encuentra ejecutada al 31%. El inmueble, ubicado en la parcela P6-B de Tamaraceite Sur, abarca una superficie de 2.499 metros cuadrados y se distribuye en seis plantas sobre rasante y una planta sótano.
El proyecto definitivo albergará 74 viviendas protegidas con tipologías de entre dos y cinco dormitorios, con superficies que oscilan entre los 51 y los 125 metros cuadrados. Asimismo, las instalaciones contarán con 20 trasteros, cuatro ascensores, dos portales de acceso, un local comunitario y tres casas adaptadas para personas con movilidad reducida (PMR).
Los trabajos pendientes abarcan el refuerzo de la cimentación y la estructura, el remate de cerramientos, fachadas, carpinterías y acabados interiores. De igual forma, el contrato incluye el despliegue de las redes de electricidad, fontanería, saneamiento, ventilación, telecomunicaciones, protección contra incendios, además de la instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo y sistemas de aerotermia para agua caliente.
Antecedentes y paralización judicial
El origen de este residencial se remonta a diciembre de 2023, cuando la alcaldesa Carolina Darias y el consejero autonómico Pablo Rodríguez colocaron la primera piedra de las obras. La promoción nació con una dotación inicial de 8,5 millones de euros del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) sobre suelo municipal valorado en 1,2 millones de euros, con un plazo primitivo de 17 meses.
Sin embargo, el desarrollo del proyecto sufrió severas interrupciones debido a la necesidad de tramitar modificaciones técnicas exigidas por el ICAVI. Entre los cambios requeridos figuraban la redistribución de inmuebles y trasteros, el aumento del tamaño de los ventanales y el recálculo estructural de la cimentación.
A esta parálisis técnica se sumó una vertiente judicial en 2025, cuando la propia dirección de GEURSA remitió a la Fiscalía un expediente por presuntas irregularidades administrativas. La investigación afectó a cuatro empleados públicos del área de Edificación por la supuesta aprobación de cambios en la cimentación y estructura del edificio sin contar con la aprobación previa del correspondiente modificado de obra.
Financiación y modelo público
Según defendió el concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, la reapertura de este concurso público en 10,7 millones de euros de presupuesto base buscaba reactivar la estructura existente y optimizar los recursos públicos. El responsable municipal subrayó que la medida permitirá acelerar la incorporación de estos inmuebles al mercado del alquiler asequible.
La actuación cuenta con la financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, encuadrado en los fondos europeos Next Generation EU tramitados a través del ICAVI, junto con las partidas presupuestarias aportadas por el propio Consistorio capitalino mediante GEURSA.
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