El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se enfrenta a un nuevo pleito judicial —en el plano laboral— tras la demanda presentada por N.R.O., una agente de movilidad que exige una indemnización de 179.139,83 euros al considerar que no se ha cumplido con su derecho a reincorporarse a su puesto de trabajo.
El caso ha llegado al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Las Palmas, donde la demandante ha impugnado la desestimación presunta de su reclamación.
Tres sentencias
Según el expediente, N.R.O. basa su denuncia en la ejecución de tres sentencias previas —correspondientes a los procedimientos abreviados 213/2015, 401/2015 y 395/2015— que, supuestamente, le daban la razón y ordenaban su reincorporación.
Sin embargo, la afectada asegura que, a pesar de dichos fallos, nunca fue restituida en su puesto, motivo por el cual ha solicitado la compensación económica.
El ayuntamiento se persona
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido personarse como parte demandada, asumiendo un papel activo en la defensa de su postura.
Un decreto firmado por la alcaldesa, Carolina Darias, establece que la representación legal municipal tendrá plena autoridad para intervenir en todas las incidencias y recursos que puedan derivarse de este proceso judicial, incluyendo la preparación de apelaciones en caso de que la resolución inicial no le sea favorable.
Plazo de 20 días
El documento también detalla que el consistorio deberá remitir al juzgado, en un plazo de 20 días, el expediente administrativo completo, debidamente foliado y autentificado, acompañado de un índice oficial.
Además, se ha notificado a otros posibles interesados en el caso, quienes tendrán nueve días para personarse en el procedimiento si así lo desean.
Larga lista de litigios
Este caso no es un hecho aislado. En los últimos años, el Ayuntamiento de Las Palmas ha enfrentado múltiples demandas laborales por parte de trabajadores que han alegado despidos injustificados, incumplimientos de sentencias previas y vulneración de derechos laborales.
Especialistas en derecho administrativo señalan que el incumplimiento de sentencias firmes por parte de organismos públicos es una problemática recurrente en España, lo que obliga a muchos trabajadores a iniciar batallas legales largas y costosas para hacer valer sus derechos.
En este caso, la indemnización solicitada por N.R.O. refleja el tiempo y perjuicio económico que, según ella, ha sufrido al no ser reincorporada a su puesto.
Precedente
Si el juzgado falla a favor de la demandante, el Ayuntamiento de Las Palmas podría verse obligado a desembolsar una importante cantidad de dinero en concepto de indemnización. Además, un fallo favorable a la trabajadora sentaría un precedente legal que podría abrir la puerta a nuevas reclamaciones de otros empleados en situaciones similares.
Por otro lado, si el ayuntamiento logra demostrar que su actuación se ajustó a la legalidad, este caso podría servir como un refuerzo a su estrategia jurídica en futuros litigios. Todo dependerá de cómo se interpreten los hechos y de la valoración del tribunal sobre el cumplimiento (o incumplimiento) de las sentencias previas.