A las ocho de la mañana de este viernes, la Policía Nacional entraba en La Pequeña Habana, una discoteca frente a la plaza Farray célebre por las quejas de los vecinos de la zona, en busca de drogas. Dos horas después, el Ayuntamiento firmaba una resolución que anulaba la orden de paralización de la actividad del establecimiento, dictada quince días antes por problemas de seguridad y adelantada por Atlántico Hoy. La primera actuación terminó con una mujer detenida y varios envoltorios de presunta cocaína intervenidos. La segunda, con el archivo del expediente municipal. Así de surrealista es Las Palmas de Gran Canaria de 2026.
La coincidencia tiene una particularidad. Los agentes de la Policía Local que participaron en la redada detectaron presuntas irregularidades en los accesos de emergencia del establecimiento. Precisamente, las condiciones de evacuación habían sido uno de los motivos por los que el Ayuntamiento ordenó paralizar la actividad el pasado 8 de octubre. Ahora, la administración municipal ha retirado aquella orden después de descubrir que el propietario había presentado la documentación exigida antes de que se acordara el cierre.
La resolución se firmó a las 10.00 horas de este viernes. El documento, al que ha tenido acceso Atlántico Hoy, reconoce que el certificado técnico solicitado al establecimiento se registró el 22 de septiembre. Sin embargo, el Ayuntamiento dictó la orden de paralización el 8 de octubre porque consideraba que el requerimiento no había sido atendido.
Certificado olvidado
El expediente comenzó con una denuncia contra La Pequeña Habana, situada en el número 45 de la calle Fernando Guanarteme. En la demanda se advertía de problemas en la puerta de emergencia, deficiencias en las luces y señales de evacuación y ausencia del cartel que debe informar del aforo máximo autorizado.
El 6 de agosto, el Ayuntamiento concedió quince días a los responsables de la discoteca para corregir estas deficiencias y acreditarlo mediante un certificado firmado por un técnico competente. El documento debía permitir a los servicios municipales comprobar que se habían atendido las exigencias de seguridad.
Expediente archivado
La propiedad presentó el certificado el 22 de septiembre y volvió a aportar la documentación el 8 de octubre. Ese mismo día, sin tener constancia de que se había cumplido el requerimiento, la Dirección General de Edificación y Actividades ordenó paralizar la actividad. La resolución contemplaba el precinto y la clausura del establecimiento si no se atendía la orden.
El error quedó recogido en un informe municipal del 20 de octubre. Ul técnico superior de la Administración General constató que el certificado había sido presentado y propuso revocar la resolución de cierre. Tres días después, el Ayuntamiento aceptó su propuesta y archivó el expediente.
Cocaína y dinero
Mientras se resolvía el procedimiento administrativo, La Pequeña Habana volvía a recibir una visita policial. Esta vez no se trataba de comprobar la documentación del establecimiento. Los agentes habían recibido información sobre una posible actividad de consumo y venta de drogas en el interior de la discoteca, que presuntamente permanecía abierta fuera del horario permitido.
Durante la intervención, la Policía Nacional encontró nueve envoltorios con una sustancia blanca, aparentemente cocaína, escondidos en una papelera del baño. Su peso aproximado era de 5,2 gramos. Los agentes también intervinieron 1.407 euros en efectivo, parte de ellos ocultos en la barra.
Detención
La operación terminó con la detención de la responsable del establecimiento como presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. A otra persona que se encontraba en el local se le intervino un envoltorio de características similares, lo que motivó un acta administrativa por tenencia de sustancias estupefacientes.
La Policía Local también actuó por el presunto incumplimiento del horario autorizado y por deficiencias relacionadas con los accesos de emergencia. La documentación disponible no permite establecer si se trata de los mismos problemas que habían dado origen al expediente municipal de agosto o de irregularidades diferentes.
Ocho años de quejas
La Pequeña Habana es un establecimiento conocido entre los vecinos de la plaza Farray, aunque no precisamente por motivos que inviten a la tranquilidad. Las denuncias por ruidos, peleas y altercados en sus inmediaciones se remontan al menos a 2018. Aquel año, la Policía Nacional y la Policía Local ya realizaron un operativo conjunto en la zona relacionado con el consumo y la venta de drogas, los problemas de convivencia y las alteraciones del orden público.
Los residentes han documentado durante años distintos incidentes y reclamado una mayor vigilancia. La intervención de este viernes, a primera hora de la mañana, vuelve a situar el establecimiento entre sus principales preocupaciones.
Diferentes escenarios
El Ayuntamiento ha archivado el expediente abierto por las deficiencias denunciadas meses atrás, pero eso no impide que pueda iniciar otro procedimiento por las irregularidades observadas durante la redada. Tampoco consta en la resolución si la orden de paralización del 8 de octubre llegó a ejecutarse o si el establecimiento permaneció abierto durante los quince días siguientes.
La discoteca afronta así dos situaciones administrativas y policiales diferentes en una misma jornada: una orden de paralización que desaparece de su expediente y una intervención por presunto tráfico de drogas que termina con su responsable detenida.
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