El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no podrá comparecer como perjudicado en el procedimiento penal que se sigue contra la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (Geursa), conocido popularmente como caso valka.

En la causa que instruye el magistrado Rafael Passaro hay varias líneas de investigación abiertas y todas apuntan a Geursa como posible responsable de los delitos perseguidos, que van desde la prevaricación administrativa o urbanística, hasta la revelación de secretos y la malversación de caudales públicos, siempre a través de cuatro dirigentes o ex consejeros de la entidad municipal, entre ellos José Manuel Setién, coordinador de Urbanismo en la capital grancanaria hasta su jubilación en marzo del año pasado.

Origen

Ahí arranca el conflicto de intereses con la asesoría jurídica municipal y la imposibilidad de considerar al Ayuntamiento como perjudicado, cuya Dirección General de la Asesoría Jurídica ha criticado con "virulencia" el informe del ministerio público, se queja la Fiscalía en su escrito de contestación.

Es la segunda vez que la corporación municipal trata de adquirir el rol procesal de víctima, en este caso a través de un recurso de reforma y subsidiario de apelación que también deberá resolver la Audiencia de Las Palmas, cuyos magistrados tendrán la última palabra sobre su papel procesal en la causa.

Pique total

Eso sí, el enfrentamiento entre los servicios jurídicos municipales y la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas es total, con duros reproches del fiscal Miguel Hernández por los "virulentos ataques" al ministerio público en vez de colaborar con la investigación para esclarecer los hechos.

Hernández, en su contestación al recurso de reforma y subsidiario de apelación, recuerda al Ayuntamiento que no ha facilitado al juez la valoración de las permutas realizadas por Geursa para desarrollar el suelo comercial de Tamaraceite.

Permutas

Esa documentación es clave para avanzar en la investigación de las parcelas sobre las que se ha construido un Aldi y una gasolinera, pues permitirá al juez determinar si hubo o no malversación en la gestión del suelo público, además de servir para verificar el daño concreto que ha podido sufrir la ciudad con dichas permutas.

La tesis de Fiscalía es que se favoreció a un empresario al permutarle parcelas fuera del sector en desarrollo, dándole luego una superficie comercial privilegiada y reduciendo, además, el número de casas de protección oficial proyectadas.

El representante del ministerio fiscal recuerda al Ayuntamiento que la finalidad de admitir una personación como perjudicado es coexistir con la acusación pública para defender el interés general, lo cual contrasta con la ausencia de documentación facilitada a la instrucción sobre la valoración de las fincas permutadas.

Sin tasación

La corporación municipal, en definitiva, no ha presentado documentación, informe o tasación alguna que justifique su cualidad de perjudicado.

El fiscal, por esa razón principal, interesa también a la Audiencia de Las Palmas que ratifique  el criterio del juez instructor y deniegue al Ayuntamiento la personación en el procedimiento como perjudicado.