El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este viernes, en su sesión ordinaria de octubre, una declaración institucional de apoyo a las familias adjudicatarias de viviendas protegidas del Instituto Canario de la Vivienda y de VISOCAN. Son familias que, tras décadas pagando el alquiler, siguen sin poder comprar los inmuebles que les ofrecieron con opción de compra. El acuerdo cuenta con el respaldo de todos los grupos políticos excepto VOX.
Más de treinta años pagando y sin escrituras
La declaración recuerda que miles de familias canarias, muchas de ellas residentes en la capital grancanaria, firmaron contratos y anexos que contemplaban adquirir la vivienda que ocupaban en alquiler. Muchas han abonado las rentas durante más de tres décadas y algunas han alcanzado incluso los porcentajes de pago previstos para acceder a la compra. Aun así, no han podido formalizar las escrituras.
El texto reconoce además el perjuicio de una espera que se ha prolongado tanto que algunas personas han fallecido sin llegar a comprar su vivienda.
El Decreto 1/2023 y las ofertas que no llegan
El documento recuerda que el Decreto 1/2023, de 19 de enero, reactivó el procedimiento de acceso a la propiedad e incluyó expresamente las viviendas de VISOCAN. Sin embargo, exigía que cada inmueble figurara antes en una resolución de oferta publicada en el Boletín Oficial de Canarias. También condicionó la financiación de las bonificaciones de VISOCAN a que el Instituto Canario de la Vivienda tuviera crédito disponible.
Desde entonces se han publicado tres ofertas, y todas tienen ya los plazos vencidos. La de VISOCAN, de mayo de 2023, abarcó diez grupos de viviendas del II Plan Canario de Vivienda, seis de ellos en la capital. Sumaba 384 inmuebles de las promociones de Las Torres, Hostelería, La Paterna, Tamaraceite y El Lasso P-4. El Instituto Canario de la Vivienda convocó ofertas en noviembre de 2023 y febrero de 2025. La última cerró el 13 de marzo de 2026 e incluyó 227 viviendas de quince grupos del municipio.
La declaración advierte de que numerosas promociones han quedado fuera, entre ellas las 289 viviendas de Lomo Los Frailes y las 236 de la promoción colindante.
El acuerdo plenario señala otra situación: la de familias que han pagado en alquiler más que el precio de referencia de su vivienda. Según el artículo 4.4 del Decreto 1/2023, no pueden recuperar ese exceso.
Lo que pide el Pleno al Ejecutivo autonómico
La declaración hace suyos los compromisos de la proposición no de ley que el Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad el 23 de septiembre. Esta reclama identificar y hacer pública, en un plazo máximo de tres meses, la relación de viviendas del Instituto Canario de la Vivienda y de VISOCAN que pueden acogerse al procedimiento, con la situación administrativa de cada una. También pide garantizar a las familias una información clara y homogénea.
En concreto, el Pleno insta al Gobierno de Canarias a:
Publicar una nueva resolución de oferta de venta que incluya las promociones del municipio, tanto las públicas del Instituto calificadas antes del III Plan Canario de Vivienda como las de VISOCAN del II Plan.
Incorporar en los presupuestos autonómicos de 2027 una partida específica para que el Instituto financie a VISOCAN las bonificaciones del Decreto 1/2023. Pide además una solución al tratamiento fiscal de estas operaciones que no traslade sus costes a las familias.
Respetar los derechos reconocidos por escrito a las personas adjudicatarias antes de la entrada en vigor del decreto. Eso implica computar las rentas ya abonadas y aplicar el precio de referencia vigente en el momento de la adjudicación. Según la declaración, es lo que la propia VISOCAN aceptó en 2023.
Reconocimiento a las plataformas y destinatarios
El acuerdo expresa el reconocimiento municipal a la labor de las plataformas Viviendas Sociales en Lucha y 289 Vivienda por Derecho. La declaración se trasladará a la Presidencia del Gobierno de Canarias, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, el Instituto Canario de la Vivienda y VISOCAN. También irá al Parlamento de Canarias y sus grupos, el Diputado del Común, la Federación Canaria de Municipios y las plataformas vecinales afectadas.
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