Alcaldía del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con Carolina Darias al frente, ha decidido no presentar recurso contra la sentencia número 247/2025 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5, que condena al consistorio a indemnizar con 179.139,83 euros a N. R. O., agente de movilidad.
La resolución judicial, fechada el 17 de septiembre, reconoce que la trabajadora tenía derecho a figurar en la lista de reserva y atender los correspondientes llamamientos, algo que no ocurrió, generando un perjuicio económico que ahora deberá ser reparado. La cuantía, además, deberá actualizarse con el interés legal del dinero desde el 4 de septiembre de 2024, lo que incrementará la factura final.
Recurso inviable
Según el decreto firmado por la alcaldesa, la Dirección General de Asesoría Jurídica consideró inviable un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), al existir “reconocimiento expreso” en el propio expediente administrativo de la deuda con la agente. De esta forma, la corporación evita un litigio con pocas opciones de prosperar y el riesgo de una nueva condena en costas.
La sentencia también impone al Ayuntamiento el pago de las costas procesales, que, debido a la cuantía del procedimiento, se estiman en torno a 20.000 euros adicionales.
Sin reincorporación
El caso se remonta a los procedimientos judiciales iniciados en 2015, cuando varios agentes —entre ellos N. R. O.— denunciaron su exclusión del proceso selectivo. Una sentencia de 2016 ya ordenó la retroacción de actuaciones, pero la afectada asegura que nunca se le permitió reincorporarse.
Ahora, tras una década de pleitos, la justicia reconoce el derecho a la compensación económica por los salarios dejados de percibir entre mayo de 2015 y septiembre de 2020.
Diez años
Este desenlace no solo implica un importante desembolso para las arcas municipales, sino que también abre un debate sobre la gestión de recursos humanos en el Ayuntamiento y la reiteración de litigios laborales que acaban en condenas. Los especialistas en derecho administrativo consultados apuntan a que el incumplimiento de sentencias firmes por parte de administraciones públicas sigue siendo un problema estructural en España, con consecuencias económicas y de credibilidad institucional.
Con la firma del decreto, Carolina Darias confirma la renuncia a la apelación y cierra un capítulo judicial que se prolongaba desde hace casi diez años, aunque el coste final para el consistorio aún puede crecer con los intereses devengados.