Ya lo advierte la canción que abre el nuevo disco de The Black Keys: "Donde hay humo, hay fuego". Si usted, en los últimos años, buscó alojamiento en Las Palmas de Gran Canaria y, por casualidad, rerparó en las reseñas sobre el Hostal Turquesa que aparecen en internet, sabrá que no era un lugar muy recomendable. Los comentarios de los huéspedes parece que no exageraban: el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado su cierre.
El Consistorio capitalino ha tomado esta decisión, que afecta al hostal situado en el número 69 de la calle Secretario Artiles —en pleno entorno turístico de la zona Puerto-Canteras—, tras detectar graves irregularidades en el inmueble y deficiencias que, según recoge el expediente municipal, podrían comprometer la seguridad de las personas alojadas.
Denuncia del Gobierno canario
El expediente municipal tiene su origen en una denuncia formulada por la Dirección General de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, tras una inspección realizada en el inmueble. A partir de ahí, el Servicio de Edificación y Actividades del Ayuntamiento elaboró un informe jurídico y técnico especialmente duro con el estado del establecimiento.
Uno de los aspectos más delicados del expediente son los extractos recogidos de la inspección policial y turística realizada en el inmueble. Según el documento, los agentes y la inspectora actuante detectaron una instalación eléctrica precaria y elementos que dificultaban incluso el tránsito por las zonas comunes.
Cables colgando
El informe describe que en una de las habitaciones ocupadas por la trabajadora encargada de la limpieza “cuenta con un microondas y varios cables de la instalación eléctrica colgando”. Además, añade que “en esta planta existen cables colgando, uno de ellos cruzado en la puerta de acceso a las habitaciones dificultando el paso al pasillo”.
La inspección también advierte de que “la instalación eléctrica es externa”, que parte del cableado estaba cubierto únicamente con canaletas y que había regletas adheridas a las paredes para multiplicar las tomas eléctricas disponibles.
Los propios técnicos municipales concluyen en el expediente que las fotografías incorporadas reflejan “el deficitario estado de las instalaciones eléctricas del inmueble, con el consiguiente riesgo que ello conlleva para la seguridad de los inquilinos”.
12 habitaciones más
La inspección también destapó presuntas irregularidades en la explotación del negocio turístico. Inicialmente, la responsable del establecimiento aseguró que la pensión disponía únicamente de ocho habitaciones ubicadas en la segunda planta.
Sin embargo, los agentes comprobaron posteriormente que también se explotaban otras doce habitaciones en la primera planta. El expediente recoge incluso que “la compareciente pide disculpas por haber mentido”.
Según la resolución municipal, la Pensión Turquesa explotaba en realidad 20 unidades alojativas y 22 plazas, pese a que en el Registro General Turístico solo figuraban autorizadas seis unidades y doce plazas.
Falta de documentación
El Ayuntamiento sostiene además que el establecimiento operaba sin la documentación municipal obligatoria para este tipo de actividades. Tras revisar los archivos administrativos, los servicios municipales concluyen que no consta declaración responsable, proyecto técnico, certificado técnico ni licencia municipal de apertura que habilite legalmente el funcionamiento de la pensión.
El expediente recuerda además que los establecimientos turísticos de alojamiento están sujetos a intervención administrativa previa y que su actividad debe ajustarse tanto a la normativa turística como a la regulación municipal sobre actividades clasificadas.
En el procedimiento también se hace referencia a jurisprudencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria y del Tribunal Supremo sobre la obligación de las administraciones de clausurar actividades clandestinas o sin licencia cuando existan riesgos para la seguridad, la salubridad o la convivencia.
Presión municipal
La resolución municipal llega en un momento de creciente presión municipal sobre alojamientos turísticos y pensiones irregulares en Las Palmas de Gran Canaria, especialmente en zonas de alta demanda como Guanarteme, Mesa y López o el entorno de Las Canteras, donde distintas administraciones han intensificado inspecciones relacionadas con seguridad, licencias y sobreocupación.
La resolución, firmada por la Dirección General de Edificación y Actividades del Consistorio capitalino, concede a la titular del establecimiento un plazo de dos días para cesar voluntariamente la actividad, bajo advertencia expresa de clausura y precinto policial en caso de incumplimiento. El decreto fue firmado el pasado 6 de mayo y quedó registrado oficialmente el 7 de mayo de 2026.