El portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, ha calificado el denominado “Acuerdo Marco de Balance e Impulso de la Acción de Gobierno de Progreso”, suscrito por PSOE, Unidas Sí Podemos y Nueva Canarias, como un “pacto con sí mismos” cuyo objetivo real es evitar una ruptura antes de 2027.

Según Suárez, el documento presentado por el tripartito no supone un impulso real a la política de vivienda, sino una operación política para “aguantar el año que les queda” al frente del consistorio en medio de lo que describe como graves tensiones internas entre los socios de gobierno.

El portavoz nacionalista recordó que a finales de 2025 los propios integrantes del pacto reconocieron que la continuidad del acuerdo dependía de reformular su agenda, llegando a plantearse medidas como la creación de una “inmobiliaria pública” dentro del marco de negociación.

Críticas al acuerdo

Para Coalición Canaria, el texto firmado es en gran medida un “repaso publicitario” de actuaciones ya anunciadas en materia de rehabilitación, reposición y nueva vivienda, acompañado de compromisos formulados a futuro sin concreción de plazos cerrados ni entregas inmediatas.

Suárez señaló que el propio acuerdo enumera promociones “en curso” o “pendientes de financiación” y anuncia el refuerzo de GEURSA con la creación de una división específica para gestionar el parque municipal, sin detallar calendarios de ejecución.

A su juicio, la realidad en los barrios es que las promociones continúan bloqueadas y sin fecha clara de entrega.

Promociones paralizadas

El portavoz de CC citó como ejemplo la primera fase de 148 viviendas en Las Rehoyas, cuyas obras, según indicó, llevan casi tres años prácticamente terminadas sin que se haya producido la entrega. También mencionó las 76 viviendas de Tamaraceite, anunciadas para el primer semestre de 2025, y las 27 de León y Castillo, que continúan sin cederse a sus futuros propietarios.

Suárez subrayó además que, desde 2015, el precio del alquiler ha subido un 88% en la capital grancanaria y el de la vivienda en venta un 74%, según datos históricos del portal Idealista, coincidiendo con la etapa de gobierno del actual tripartito.

“Once años de gobierno socialista en la ciudad y el acceso a la vivienda está peor que nunca. Que hoy firmen este pacto es una broma de mal gusto”, resumió.

Decreto sin aplicar

Coalición Canaria reprocha asimismo al gobierno local no haber aplicado con eficacia las herramientas del Decreto Ley 1/2024 de Vivienda del Gobierno de Canarias, que permite habilitar vivienda protegida pública en determinados suelos dotacionales sin necesidad de grandes modificaciones del planeamiento.

Según Suárez, resulta especialmente grave que, contando con un marco normativo que habilita medidas inmediatas, el acuerdo firmado se limite a anunciar que “iniciarán consultas” o “identificarán parcelas”.

“Las Palmas de Gran Canaria necesita gestión, plazos y realidades, no otro documento para hacerse auto-propaganda y tratar de ocultar que el pacto está agotado. La emergencia habitacional se combate entregando viviendas y aplicando las herramientas legales disponibles”, concluyó el portavoz nacionalista.