La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas acogerá el próximo 15 de abril el juicio contra A. J. M. R., un conductor de Guaguas Municipales acusado de utilizar el vehículo público para arrollar a un motorista tras una discusión de tráfico. La Fiscalía solicita para él una pena total de siete años de prisión por delitos de conducción temeraria y lesiones agravadas.

Discusión y atropello

El incidente se remonta a la mañana del 18 de octubre de 2021. El procesado conducía la línea 9 (Hoya de la Plata - Hospital Negrín) por la Avenida de Escaleritas, e inició una disputa con el conductor de una motocicleta Aprilia que acabó en varios atropellos consecutivos, según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal.

El chófer, "con ánimo de atentar contra la integridad física" del motorista, realizó reiteradas embestidas contra la moto, poniendo también en grave peligro a los pasajeros que viajaban en la guagua en ese momento, añade Fiscalía.

Provocación

La situación escaló tras un primer altercado en el que el motorista llegó a golpear la ventanilla del guaguero para recriminarle su actitud.

Con los ánimos cada vez más encendidos sobre el asfalto, al llegar a la intersección con la calle Pepe Castellano, el chófer realizó "de forma intencionada" un cambio brusco de dirección, invadiendo el sentido opuesto para cortar la trayectoria de la moto.

Esta maniobra provocó que el motorista cayera al suelo y quedase atrapado en los bajos del vehículo. El acusado detuvo la guagua justo antes de colisionar contra un muro de las instalaciones de Emalsa.

Graves secuelas

Como consecuencia del atropello, la víctima sufrió múltiples fracturas costales y traumatismo torácico, así como contusión pulmonar y fractura de escápula. Tardó 177 días en curarse de todas las heridas, requiriendo rehabilitación prolongada y tratamiento domiciliario.

El Ministerio Fiscal califica los hechos como un delito de conducción temeraria (dos años de cárcel) y un delito de lesiones con instrumento peligroso (cinco años de cárcel).

Además de la prisión, reclama la privación del derecho a conducir durante cinco años.

Responsabilidad Civil

En el plano económico, el fiscal solicita que el procesado, junto a Guaguas Municipales S.A. y la aseguradora Fiatc como responsables civiles, indemnicen a la víctima con 15.800 euros por las lesiones y secuelas físicas, además de otros 3.000 euros por los daños causados a la motocicleta.