El Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria afronta una situación insostenible en sus órganos de la jurisdicción Social y de Primera Instancia por la sobrecarga de trabajo.
La situación viene siendo denunciada en cada ejercicio por el informe anual que el Decanato remite al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para elaborar la memoria judicial, como sucedió en 2024.
Los datos de este año, sin embargo, apuntan a un agravamiento del problema, sobre todo en las jurisdicciones de lo Civil y de lo Social, con juzgados que comienzan a señalar los juicios para dentro de dos años.
Más agua de la que sale
Esta demora tan acusada es nueva en los juzgados civiles. En total hay 18 órganos de Primera Instancia, cuatro especializados en Familia, y dos ya están poniendo las vistas para finales de 2027.
Todos están por encima de las 800 sentencias, con tasas de entrada y salida de asuntos de hasta el 350 %, es decir, más del doble de la carga de trabajo recomendada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
"Entra más agua de la que podemos sacar, nos hacen falta más jueces", explica el decano, Juan Avello, que recurre al símil del barco y la vía de agua para ilustrar escenario.
Cinco juzgados nuevos
Avello calcula que son necesarios cinco juzgados más para normalizar la situación en lo Civil, sostenida hasta ahora por el "trabajo descomunal de sus jueces y su personal", destaca.
Y es que la alta litigiosidad de Canarias, con la tasa más alta de todo el país, ha llevado a estos juzgados a superar con creces los módulos de entrada establecidos por el CGPJ. Esta es una radiografía de la situación en las dos jurisdicciones más afectadas:
Social: problema estructural
Los Juzgados de lo Social requieren urgentemente la creación de dos nuevas unidades judiciales debido a un incremento porcentual del 32% en el número de asuntos ingresados por unidad jurisdiccional en los últimos años.
El módulo de entrada, que está fijado en 800 asuntos por juzgado y año, es ampliamente superado en los últimos años. En 2024, la media fue de 1.599 asuntos por juzgado; en 2023, de 1.394 asuntos, y en 2022, de 1.450,73 asuntos por juzgado (sin computar ejecuciones).
La carga de trabajo, por tanto, se sitúa en el 150 % de media en los últimos tres años respecto al módulo razonable del CGPJ. La situación es de naturaleza estructural con tendencia al incremento, recoge el informe de 2024. También es necesario restablecer las medidas de refuerzo en los juzgados 1, 2 y 6.
Primera Instancia: más del doble de carga
Esta jurisdicción está "próxima al colapso" debido a una carga de trabajo notablemente superior al criterio técnico del CGPJ. La Sobrecarga alcanzó un 236 % en 2022, un 239 % en 2023, y un 278 % en 2024 (tres primeros trimestres). El rendimiento de los magistrados en ese último año superó el 375 %.
La conclusión en esta jurisdicción es clara: "los órganos unipersonales se encuentran en una situación próxima al colapso, incrementándose año tras año la pendencia y siendo inminente un número de entrada de procedimientos imposible de atender con la dotación actual", señala el Decanato, que añade: "Que la situación no sea mucho peor de la que es responde únicamente al esfuerzo sobrehumano que están realizando los compañeros destinados en tales órganos, situación esta que lógicamente incide de manera muy desfavorable en su salud".
La necesidad de aumentar la planta judicial y dotar de más recursos de refuerzo es ya "urgente", como acredita que empiecen a señalarse juicios para dentro de dos años.
